SANSTSJ de Madrid de 28 de octubre de 2025, Rec. 712/2025, ECLI: ES:TSJM:2025:12954
Supuesto de Hecho
Trabajador que se encontraba en incapacidad temporal (IT) desde el 14 de octubre de 2024, comunicando a la empresa el 13 de noviembre de 2024 la continuidad y previsión de la baja.
La empresa le notificó un despido objetivo por causas organizativas el 26 de noviembre de 2024, es decir, 13 días después de dicha comunicación, alegando reorganización interna y reasignación de sus funciones al CEO.
El trabajador impugnó el despido solicitando su nulidad por discriminación por enfermedad (Ley 15/2022).
La cuestión jurídica es determinar si el despido objetivo constituye o no un acto discriminatorio por razón de enfermedad, lo que determinaría su nulidad, o si, por el contrario, concurren causas organizativas acreditadas que justificarían su legalidad.
Resolución
I.- Sobre la enfermedad como causa de discriminación: doctrina constitucional y legal
El art. 2 de la Ley 15/2022, de 12 de julio considera discriminatoria cualquier diferenciación por razón de “enfermedad o condición de salud”, sin exigir que la misma sea duradera o asimilable a una discapacidad.
En este sentido, el artículo 2.3) establece que:
“La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública”.
El TSJ nos dice que esta normativa no convierte en nulo automáticamente todo despido que se produzca durante una baja médica, ni modifica las causas tasadas de nulidad previstas en el artículo 55.5) ET. La Ley 15/2022 refuerza el sistema de prueba indiciaria en supuestos de discriminación, pero no introduce nuevos supuestos de nulidad objetiva.
El TC ha perfilado con claridad el mecanismo de la prueba indiciaria en casos de posible vulneración de derechos fundamentales, afirmando que el trabajador debe aportar indicios razonables y fundados de discriminación, lo que activa el desplazamiento de la carga probatoria hacia el empresario. La STC 125/2008, de 20 de octubre, señala:
“Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales”.
Y añade que no se exige al empresario una “prueba diabólica” sobre la inexistencia de toda discriminación, sino una justificación objetiva y razonable de la medida adoptada, como reiteran también las STC 114/1989, STC 87/2004, STC 138/2006 y STC 342/2006.
II.- Análisis de los indicios de vulneración del derecho fundamental
La proximidad temporal entre el estado de IT del trabajador y el despido (apenas 13 días entre la prórroga de la baja médica y la comunicación extintiva) es un indicio suficiente de posible discriminación (Arts. 96 y 181 LRJS).
No obstante, no toda actuación empresarial temporalmente próxima a una situación protegida puede calificarse como nula, si existen elementos que permitan acreditar una causa real, ajena y anterior a la enfermedad.
En el presente caso estamos ante una decisión organizativa estructural tomada con anterioridad a la baja médica lo que permite descartar la nulidad.
III.- Valoración de la prueba empresarial: causas organizativas
En la carta de despido, se exponen con detalle las causas organizativas concurrentes: la fusión de las líneas de negocio, la desaparición de la marca “Proporciona”, la reasignación de las funciones del actor al CEO y la reestructuración del organigrama comercial, adoptadas como consecuencia de la no consecución de los objetivos económicos.
Se aplica la STSJ de Madrid de 8 de noviembre de 2024, Rec. 811/2024, que, en un supuesto análogo, consideró desvirtuados los indicios de discriminación cuando existía una decisión empresarial razonable y adoptada con anterioridad a la situación de IT.
IV.- Improcedencia y no nulidad del despido
En el presente asunto no concurre vulneración del derecho a la igualdad ni discriminación por razón de enfermedad. La empresa ha desvirtuado los indicios de discriminación aportados por la parte actora. (arts. 55.5) ET y 108.2 LRJS).
No obstante, se considera que el despido no fue ajustado a Derecho en cuanto a las formalidades exigidas para la validez de la medida extintiva objetiva, lo que conlleva su calificación como improcedente (Art. 53.1).
Valoración Crítica
Se vuelve aclarar que la Ley 15/2022 no impone una nulidad automática por enfermedad ante un despido. Se reconoce el indicio temporal por la situación de IT, pero se valora correctamente que la empresa acreditó una causa organizativa real y previa, desvirtuando cualquier móvil discriminatorio. No obstante, se declara el despido improcedente por defectos formales, de ahí que la sentencia se muestre equilibrada y conforme a la doctrina constitucional sobre la carga probatoria en despidos con posible vulneración de derechos fundamentales.

