El Ministerio de Trabajo ha planteado en un proyecto de Ley el uso de nuevas tecnologías para detectar el fraude de los autónomos a la Tesorería, y también para imponer sanciones “automatizadas”.

El Ministerio de Trabajo planea dar un paso más allá en el uso de las nuevas tecnologías para detectar el fraude en los negocios e imponer sanciones. El departamento que dirige Yolanda Díaz está preparando una nueva norma que prevé no sólo el uso del  Big Data y la inteligencia artificial para atajar el fraude a la Tesorería,  sino que también pretende utilizar estos robots para “automatizar” el proceso sancionador.

Así lo plantea en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que tuvo acceso este digital y que está todavía sujeto a cambios. En el texto se explica que se aplicarán las nuevas tecnologías en el ámbito de actuación de la Administración para, por un lado, permitir el análisis masivo de datos para “la detección del incumplimiento” y, por otro, para que pueda “iniciarse el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción automatizadas, es decir, sin la intervención directa de un funcionario”.

En otras palabras, y aunque suene descabellado, podría acabar dándose la circunstancia de que sea un robot y no un inspector el que imponga una determinada sanción a un autónomo por saltarse la Ley. Evidentemente, reconocieron fuentes de Trabajo a este diario, “la idea no es tan sencilla. La mayoría de las actuaciones de la inspección necesitan ser supervisadas por un inspector. No se puede actuar en casi ningún caso sin la interpretación del funcionario. Sin embargo, hay unas pocas situaciones en las que sí se puede automatizar el proceso“.

Según ejemplificaron estas mismas fuentes, la idea “sería comparable a lo que lleva haciendo años la Dirección General de Tráfico. Hay robots que miden la velocidad y mandan automáticamente la sanción cuando se detecta que un usuario ha excedido el límite permitido, pero son actuaciones puntuales. Sea como sea, las nuevas tecnologías se utilizarán siempre para sumar, no para restar ni sustituir”.

 

¿Qué tipo de sanciones podrían “automatizarse”?

La inteligencia artificial y el Big Data serán un aliado de la Administración para atajar el fraude de los negocios en ámbitos como el cobro indebido de prestaciones, el fraude con las exoneraciones en los ERTEs, o la contratación de falsos autónomos. El cribado de estos datos da pistas a los inspectores de dónde pueden estar los focos de mayor fraude, y permiten estrechar el cerco para que las visitas de la Inspección no sean aleatorias si no que se centren en negocios que presentan discrepancias.

Ahora bien, la automatización del proceso sancionador podría dar un vuelco a la actuación de la inspección, ya que en algunos casos podría ser una maquina, en vez de un funcionario, la que impusiera la multa a un autónomo. “Sería en situaciones muy peregrinas, infracciones muy puntuales y completamente objetivas en las que no quepa lugar a interpretación. Como, por ejemplo, no tener activo el registro de jornada. Por lo general, las tecnologías sirven para apoyar al inspector, pero será el funcionario el que decida si cabe sanción”, explicaron desde el Ministerio de Trabajo.

En todo caso, por más puntuales que sean esas infracciones en las que podría entrar a actuar un robot en vez de un inspector, los expertos alertan del peligro que puede conllevar la extensión de esta práctica. “El 99% de las infracciones que puede cometer un autónomo en cotizaciones, prestaciones, contratos o cualquier otra materia laboral están sujetas a interpretación. Hay un porcentaje muy residual de casos como sería, por ejemplo, que un autónomo esté percibiendo una subvención para la conciliación familiar y la máquina detecte que no ha dado de alta a un empleado que le sustituya, como pediría la Ley. Pero, insisto, son muy pocos casos y hay que tener mucho cuidado”, explicó Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons.

Más allá del debate ético que puede generar el uso de bots para determinadas actuaciones inspectoras, para el abogado laboralista, “puede traer consecuencias no deseables. Un ordenador puede detectar cientos de incumplimientos que, a priori, son objetivos, pero la tarea del inspector diría que es insustituible en casi todos los casos. Es imposible verificar si hay fraude en un ERTE a través de una máquina, por más que un bot analice los datos de afectación y desafectación. Ahora bien, lo que sí se puede hacer es, con los datos que te da la máquina, que un inspector compruebe presenciándose en el negocio si el empleador tiene a empleados trabajando que deberían estar en ERTE“, añadió el abogado laboralista.

Aunque según el Ministerio de Trabajo, “en ocasiones, la constatación de  incumplimientos no requiere la intervención directa de ningún funcionario”, insisten en que esto se hará “sin reducción de las garantías jurídicas de los ciudadanos” y “sin perjuicio de la posterior intervención del personal inspector”.

 

Un procedimiento similar al de Hacienda

Al parecer, el planteamiento del Ministerio de Trabajo, independientemente de si se automatizan o no algunas sanciones, es muy similar a la que lleva años aplicando Hacienda. Para hacerse una idea de lo que puede esperarle al defraudador una vez quede aprobado este decreto, basta con decir que lleva años creciendo la recaudación por sanciones de la Agencia Tributaria desde que se introdujeron  herramientas como el Big Data o la Inteligencia Artificial -que han facilitado los cruces de información-, así como la entrada del SII (Suministro Inmediato de Información).

Con toda esta información en su poder, si se detecta alguna irregularidad, Hacienda pasa a una segunda fase de comprobación en la que se cruzan los datos con los movimientos de las cuentas bancarias. Y, además de los bancos, el ‘macro ordenador’ del Fisco también recurre a la información de terceros para evitar posibles fisuras. Es decir, coteja las posiciones fiscales del autónomo con las de sus proveedores en los apartados de ingresos y gastos.

Así, a la hora de que Hacienda someta a un autónomo o a una sociedad a un proceso de comprobación, tendrá en cuenta si lo declarado en sus impuestos se corresponde con los movimientos de ingresos de la cuenta bancaria y la información aportada por terceros. Igualmente, dispone de convenios suscritos para la cesión de datos con otras Administraciones y organismos como Seguridad Social, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o Colegios Profesionales como el de Notariado y Registradores a los que puede requerir información en caso de que exista algún indicio de fraude.

De igual modo sucedería en las inspecciones de Trabajo. Se espera que cuando el funcionario acuda a hacer una visita a un negocio, ya sepa todos los detalles de los contratos que tiene en vigor, de cuántos trabajadores tiene con el contrato suspendido o reducido por ERTE, y de cuántas horas ha declarado de jornada de trabajo de cada uno de sus empleados en el registro horario. Con esa información a mano, podrá decidir si hay o no incumplimiento, y si cabe o no sanción.

 

Trabajo aumentará un 20% la cuantía de las sanciones

En el caso de que haya incumplimiento, los autónomos también tienen que contar con que hay un proyecto de Ley en marcha y a punto de ser aprobado que contempla aumentar un 20% la cuantía de las sanciones por fraude a la Tesorería.  Actualmente, estas multas oscilan entre los 60 euros, en el caso de las más leves, hasta los 187.515 euros, en el caso de las más graves.

Sin embargo, si se actualizaran al IPC, como pretende Trabajo, las multas se elevarían un 19,9% y pasarían a ser de entre 70 euros, en el caso de infracciones leves en su grado mínimo, y 225.000 euros, si fueran infracciones graves en su grado máximo. Este incremento afectaría a todos los posibles fraudes contra la Seguridad Social que, en el caso de los pequeños negocios, suelen ser: el falseamiento de datos de los trabajadores en ERTE para beneficiarse de exoneraciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, o la utilización de falsos autónomos para ahorrar costes laborales.

Según los expertos, este año, las inspecciones para investigar posibles fraudes en los ERTE se dispararán y, si se actualizan las sanciones como está previsto, algunos negocios podrían enfrentarse a la devolución de todas las cuotas no satisfechas por sus trabajadores, intereses, recargos y multas de hasta 250.000 euros, en el caso de las infracciones más graves, en su grado más alto.

De hecho, hay que recordar que los diferentes reales decretos que se han puesto en marcha hasta la fecha y que regulan los ERTE, consideran infracción muy grave “efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones”.

Así mismo,  el fraude de los “falsos autónomos” es otra de las prioridades del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y también sería una de las infracciones cuya sanción se elevaría si saliera adelante el nuevo proyecto de ley. Todo aquel negocio -pequeño, mediano o grande- que tenga a un trabajador como autónomo, cotizando en el RETA cuando, por sus características, debería ser un asalariado y estar afiliado al Régimen General, se puede enfrentar a las multas previstas por la la Ley de Infracciones en el Orden Social.

La sanción suele consistir en hacer frente al pago de las cotizaciones del falso autónomo durante todo el tiempo que estuvo en el RETA, teniendo que estar afiliado al Régimen general; más un recargo del 20% y una sanción que suele oscilar entre los 6.000 y los 10.000 euros. Con los nuevos cambios, a partir del 1 de enero, las sanciones más graves podrían superar los 11.000 euros.

 

Artículo de Daniel Ghamlouche en Autónomos y Emprendedores con la colaboración de Jaume J. Barcons.
Artículo original.