Los autónomos con asalariados rechazan el aumento que propone la ministra de Trabajo para después del verano.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional que planea el Gobierno para después del verano choca con los intereses de los autónomos y de la mayoría de los empresarios que todavía arrastran las consecuencias de la crisis desatada por la pandemia. Desde la patronal creen que no es el momento para tomar decisiones de este calado, sobre todo si no se acompañan de una rebaja de la carga impositiva, mientras que los sindicatos y el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz pretenden que pase de los 950 euros actuales a una horquilla que oscila entre los 1.011 euros en 14 pagas y los 1.049 euros distribuidos en el mismo número de meses.

El incremento será progresivo, hasta 2023, y tendrá un coste empresarial de 450 euros anuales por cada uno de los trabajadores en nómina, en el escenario más favorable, y de 750, en el menos optimista, según se desprende del informe elaborado por la Gestoría Barcons a instancias de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). En León hay actualmente 36.055 profesionales afiliados a este régimen. Además, la mayoría de las empresas con actividad en la provincia tienen menos de 10 empleados. En este segmento aparecen 12.443 compañías, mientras que con más de una decena de trabajadores existen únicamente 484, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

«Los autónomos tienen que subsistir, no se les puede obligar a aumentar los salarios si no se bajan los impuestos. La mayoría tiene muy pocos trabajadores y su volumen de negocio no da para la subida de la luz, los sueldos y la carga impositiva», alertó ayer a Diario de León Jaime Barcons, abogado y gestor administrativo encargado de elaborar el informe que analiza el coste que tendrá para las pymes el aumento del SMI, que se abordará «una vez pasado el periodo estival», según señaló la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que pospone unos meses la medida porque —justificó— lo más importante ahora «es impulsar la recuperación económica y la creación de empleo».

En eso coinciden la patronal y la federación de trabajadores autónomos. Advierten que ese incremento progresivo del salario mínimo significará para cada empleador un gasto, como poco, de 29 euros al mes solo por ese concepto. Además tendrían que ingresar más a la Seguridad Social por cada asalariado y también crecería, tal y como está previsto, la cotización. El coste podría dispararse si, finalmente, el SMI alcanza los 1.155 euros al mes —con las pagas extras incluidas—. En ese caso supondría 755 euros más al año —47 por el salario, 15 más en cotizaciones y entre tres y doce euros por las cuotas que paga el colectivo—. Para el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) aún no es el momento de abordar el incremento del SMI. Según publicó su presidente Lorenzo Amor en las redes sociales este extremo no debería plantearse hasta cumplir con los siguientes objetivos: «vacunar a toda la población, recuperar los empleos perdidos y suspendidos, y recuperar la actividad económica perdida por los autónomos». La CEOE también es reacia a abordar en el contexto actual la subida del SMI.