El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tiene a disposición de los administradores de un negocio una herramienta digital en su página web con la que pueden obtener un indicador “acerca de su probabilidad de insolvencia, con el fin de detectar a tiempo una situación potencialmente peligrosa para la supervivencia de una pequeña sociedad”, aclaró a este medio Iñaki Vázquez, Director adjunto del Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores.

Esta herramienta, a partir de toda la información disponible en el Colegio, elabora una clasificación por medio del análisis de diferentes variables, permitiendo así que los negocios reciban información con la que detectar dificultades financieras de cara a la toma de decisiones. En concreto, ofrece al usuario un informe donde se revela “un porcentaje de similitud con una sociedad mercantil fehacientemente insolvente”, para evitar futuras consecuencias irrevocables, aclaró Vázquez.

Según informó el representante del Centro de Procesos Estadísticos (CPE), el uso de la herramienta, si bien está especialmente diseñada para pymes, lleva aplicado un coste de 15 euros (IVA incluido). Aunque no descartan abrirla también a los negocios liderados por autónomos persona física.

El Colegio de Registradores crea para los negocios una herramienta para identificar la probabilidad de una insolvencia

Según el Colegio de Registradores, la herramienta digital, de la que ya hace uso el REFOR (Registro de Economistas Forenses), permite obtener desde el pasado marzo “la posición de riesgo de insolvencia a partir de un indicador de probabilidad temprana”, accesible a cada deudor, “lo que agiliza la respuesta adecuada de manera crucial en los estados de riesgo elevado”.

Como aclaró Vázquez, esta herramienta se puso en marcha de cara al cumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, con el objetivo de que accedieran administradores o liquidadores de cualquier sociedad mercantil (obligadas, por tanto, a depositar sus cuentas anuales) a una herramienta sencilla con la que alcanzar este fin. “Se trata de que, utilizando la información contable contenida en el depósito de cuentas inscrito en el Registro Mercantil de las sociedades mercantiles, se proporcione un indicador de probabilidad de insolvencia con la obtención del porcentaje de similitud con una sociedad mercantil fehacientemente insolvente”.

Las demandas de esta reforma nacen a partir de los requerimientos de la Directiva europea 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, sobre reestructuración e insolvencia, donde “se solicita a los Estados miembros que habiliten herramientas de este uso para la identificación temprana”, medidas que toman relevancia al analizar los datos actuales de riesgo de quiebra de los negocios españoles.

El Colegio estima que la herramienta tiene una efectividad del 90% en el diagnóstico

La metodología de este sistema emplea un modelo de estimación de parámetros por algoritmo, a partir de una serie de variables, que “aplicados a valores observados en cada sociedad generan su propio indicador individualizado de alerta”. Debido a que no existe un modelo fijo, “ya que el valor de los coeficientes es sensible a los cambios del contexto económico”, la herramienta “irá siendo objeto de ajustes” a partir de los datos más recientes.

Así, el modelo clasificatorio del informe de posición de riesgo de insolvencia del Registro Mercantil se revisa anualmente, y se hace “mediante el uso de la información contable extraída de más de un millón de depósitos de cuentas”, procesados por el Servicio Estadístico del Colegio de Registradores. Según explicó Vázquez, “la capacidad de predicción de la herramienta permite acertar una empresa sana o en concurso de acreedores en nueve de cada diez casos”. Con ello, y a partir de las demandas europeas, la utilidad de este análisis digital se concentra en “reducir el coste de reestructuración, especialmente en el caso de las pymes”.

Si bien por el momento estos informes tan solo pueden solicitarlos administradores o liquidadores mercantiles, en cuanto al uso de los autónomos persona física, el Director adjunto del CPE aclaró que “el acceso por el momento solo les está permitido a estos debido a que la herramienta se ha construido siguiendo la disposición adicional séptima” del texto refundido de la Ley Concursal, pero que actualmente “se encuentran trabajando para ampliar el uso de este tipo de herramientas”, siempre “respetando las debidas garantías legales”.

¿Cuáles son los principales indicadores que analiza?

Según afirmó Vázquez, la herramienta hace uso de un modelo clasificatorio de probabilidad que ha tenido en cuenta en torno a 100 variables económico-financieras calculadas y/o extraídas de los modelos oficiales de depósito de cuentas, indicando la alerta temprana un porcentaje de mayor o menor similitud con respecto a las que constan como acreditadas insolventes de manera fidedigna y legal: “principalmente pre-concursadas, concursadas, acogidas al procedimiento especial de microempresas, o sociedades con patrimonio neto negativo”, entre otras.

Entre las variables más relevantes incluidas en el modelo final se analizan las de tamaño, actividad y localización; estructura del activo; endeudamiento; liquidez; solvencia; gastos operativos y evolución temporal de magnitudes contables.

La utilidad de la herramienta se basa en la detección precoz

Los beneficios de una herramienta de estas características, explicó Vázquez, se resumen en dos. En primer lugar, la detección rápida de una situación potencialmente peligrosa para la supervivencia de la sociedad, “lo que permite tomar medidas oportunas para corregir la situación a tiempo”.

En segundo lugar, pretende ser una ventaja en el coste reducido de su uso por parte de las pymes, “ya que se creó pensando más bien en las necesidades de estas, debido a las grandes empresas cuentan con departamentos propios de contabilidad y/o asesores a su disposición”, detalló Vázquez.

En ese sentido, el Director adjunto del CPE destacó que una mala situación “puede ser reversible o atenuable” a través del análisis certero de estas variables. A su vez, “una situación aparentemente cómoda” puede convertirse en problemática en función de los cambios que produzca el contexto económico, es decir, “en la relación entre los ingresos de la sociedad, sus costes variables y, fundamentalmente, sus costes fijos”. 

Artículo de Lola Fernández con la colaboración de Jaume J. Barcons en Autónomos y Emprendedor.es

L'entrada Los negocios pueden conocer su riesgo de insolvencia con una aplicación del Colegio de Registradores ha aparegut primer a Gestoria Barcons.

Los autónomos pueden solicitar un ERTE si se han visto afectados por alguna causa de fuerza mayor o han visto caer sus ingresos. Hay dos tipos de expedientes en vigor a los que se pueden acoger los negocios sin esperar a que los active el Gobierno.

Los autónomos de cualquier sector pueden solicitar un ERTE para proteger su negocio y su plantilla y dejar de pagar una parte de las nóminas y cotizaciones de sus trabajadores sin necesidad de que lo active el Gobierno, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. En estos últimos meses, muchos trabajadores por cuenta propia se han podido ver afectados por una fuerte caída de ingresos, que pueden derivarse o no de las recientes lluvias torrenciales o por incendios, y creen que deben esperar a que el Consejo de Ministros active el mecanismo RED o sus ayuntamientos decreten el lugar como zona catastrófica. No es necesario. Ni siquiera que se produzca una situación de catástrofe o de pandemia para que un negocio solicite un ERTE.

Aseguraron distintos abogados laboralistas a este diario que, a día de hoy y con los últimos cambios de la reforma laboral, si el negocio se ve impedido por cualquier causa para desarrollar su actividad o si sufre pérdidas continuadas por cualquier motivo económico, puede solicitar en cualquier momento un ERTE para proteger su actividad sin necesidad de que ninguna autoridad lo active previamente.

Hace ya más de un año y medio que se puso punto y final a los ERTE extraordinarios que sostuvieron a miles de negocios y millones de empleados durante dos años de pandemia. A pesar de la desaparecieron de estos expedientes, la reforma laboral que se aprobó más tarde puso en vigor otros mecanismos estructurales muy parecidos a estos expedientes y que podrían servir a los autónomos empleadores para proteger su actividad y su plantilla sin necesidad de despedir y evitando pagar todos los sueldos y cotizaciones.

Según explicó Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons, a día de hoy hay tres tipos de ERTE en vigor para  los autónomos: “El primero es el mecanismo RED por causas cíclicas o sectoriales, que sí es necesario que lo active el Gobierno en Consejo de Ministros”.

El segundo procedimiento, aclaró el abogado, “es el ERTE por fuerza mayor, que es el que se puede solicitar por cualquier desastre como un incendio, un terremoto o unas lluvias torrenciales que destrocen el local o impidan el normal desarrollo de la actividad. En este caso no hace falta que se decrete ninguna zona catastrófica ni que ningún organismo lo apruebe. Sólo es necesario que la Inspección de Trabajo constate que de verdad el negocio se ha visto afectado por estas causas.

La tercera fórmula para solicitar un expediente de regulación de empleo es el ERTE ETOP, que simplemente requiere una situación económica, técnica, organizativa o de producción y que la empresa tiene que demostrar. Por ejemplo, con una caída de facturación o pérdidas continuadas en los últimos meses”.

¿Qué tipos de ERTE pueden solicitar los negocios en 2023 sin necesidad de aprobación del Gobierno?

De este modo, la nueva reforma laboral prevé dos posibles medidas en vigor y a las que podrían acogerse los autónomos ahora mismo. Por un lado, estarían los ERTE por causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción (ETOP), que van a ser los más habituales para los negocios, ya que éstos son los expedientes que acogen a todos los autónomos que hayan sufrido pérdidas económicas, o que las prevean. Estos expedientes tienen exoneración en el pago de las cuotas a la Seguridad Social  de los empleados pero sólo del 20% y están ligados a la formación.

Por otro lado, están los ERTE por fuerza mayor, que podrían alcanzar exoneraciones en el pago de cuotas de hasta el 90% y también se requerirá formación. Sin embargo, en este caso será necesario que ocurran circunstancias similares a las de la pandemia. Por ejemplo, una limitación de la actividad (restricciones) o de impedimento (cierre decretado). Esto podría resultar interesante para negocios de sectores como la hostelería o el ocio nocturno, o para casi cualquier autónomo en caso de futuros rebrotes del coronavirus.

Por último, estaría el mecanismo RED, que sería el más excepcional, ya que en este caso se trata de una medida casi idéntica a los actuales ERTE COVID. En este caso sí que tiene que haber una aprobación del Consejo de Ministros en casos de crisis sectorial o cíclica. Esto todavía no ha sucedido.

Cómo solicitar los ERTEs ETOP o por fuerza mayor

• Solicitud de un ERTE ETOP

Según explicó Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons,  los negocios pueden acogerse actualmente a un expediente por una causa Económica, Técnica, Organizativa y Productiva (ETOP), definida en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, y que normalmente, será de carácter económico o productivo. Es decir, se podría acceder por pérdidas actuales o previstas o disminución de la facturación.

En este caso, lo primero que deberán hacer los autónomos, aparte de comprobar si cumplen esta causa -a partir de balances contables, declaraciones de impuestos…-,  será remitir una comunicación a sus trabajadores (en caso que no tengan representación) o a los representantes unitarios (delegados de personal o Comité de empresa),en la que se informe de su voluntad de iniciar un ERTE por causas ETOP, y con el fin de que éstos nombren a una comisión negociadora o representativa, a la que se deberá facilitar, por parte de la empresa, toda la documentación que acredite las causas alegadas.

En el caso que la empresa tenga representación legal de los trabajadores, disponen de 5 días para constituirla y en caso de que no dispongan de representación legal tienen 10 días

Esto, en el caso de los autónomos es muy sencillo: “si el negocio tiene sólo cinco trabajadores, lo normal es que la plantilla no tenga representación legal, por lo que los propios empleados tendrán que elegir a uno de ellos para que les represente a todos. El trabajador por cuenta propia tendrá que enviarle la documentación, por ejemplo, un informe en el que le comunique a este empleado en representación de todos, que se va a hacer un ERTE ETOP, los motivos y las consecuencias, como reducción o suspensión de jornada”, explicó Barcons.

Simultáneamente a ello, el autónomo deberá comunicar a la Autoridad Laboral -el departamento de trabajo, a través de la web, de la Comunidad Autónoma que sea-, que se está iniciando un ERTE por causas ETOP.

Una vez constituida la Comisión representativa de los trabajadores, ésta debe comunicárselo al autónomo. Y el trabajador por cuenta propia, a su vez, debe hacérselo saber a la autoridad laboral, indicando que se inicia un período de consultas, que no es más que la negociación de los términos del ERTE ETOP. “De este modo, el autónomo indica al departamento correspondiente que va a empezar a negociar con uno de sus trabajadores, en calidad de representante, la puesta en marcha de un ERTE ETOP”, explicó Barcons.

Este proceso de ‘negociación’ tiene una duración de 7 días en empresas de menos de 50 trabajadores y 15 días en empresas de más de 50 trabajadores. Y “es muy importante levantar acta -escribir en un informe de todo lo que se ha tratado en la reunión con el trabajador- en todas y cada una de las reuniones, y negociar de buena fe, tanto por la parte empresarial como por los trabajadores”, dijo el abogado laboralista.

Este período de negociación puede acabar con acuerdo, en cuyo caso, se remite a la autoridad laboral, y ésta lo remitirá a la Inspección de Trabajo para que en el plazo de 15 días emita un informe, en el que se constatará que se ha negociado de buena fe y que consta toda la documentación acreditativa de las causas alegadas. En este acuerdo, se tendrán que incluir las medidas que ha adoptado el negocio, es decir, si son de suspensión de los contratos de trabajo o de reducción de jornada.

En caso de que finalice sin acuerdo, “los pasos son los mismos, no obstante, es más fácil que se pueda realizar una impugnación colectiva o individual. Una de las peculiaridades de la reforma laboral es que se permite la prórroga de estos ERTE, realizando únicamente una nueva negociación o período de consultas”, comentó Jaume Barcons.

• Solicitud de un ERTE FUERZA MAYOR

Las situaciones de Fuerza Mayor, tras la reforma Laboral, recogen en gran medida lo legislado durante la pandemia por la COVID19, y se mantiene el ERTE de Fuerza Mayor por Impedimento (cierre de la actividad o sector temporalmente) y el de limitación (restricciones a la actividad o sector sin el cierre de los mismos).

Éstos, como ha ocurrido durante la pandemia, van dirigidos a los autónomos que se vean afectados por restricciones o futuros cierres decretados, y son mucho más ágiles de tramitar que los anteriores.

En el presente caso, según explicaron desde la gestoría Barcons, no hay negociación con los trabajadores, sino que se debe remitir el expediente ante la Autoridad Laboral, para que constate o no la existencia de la Fuerza Mayor, es decir, si concurre o no.

En este caso, como ocurrió durante la pandemia, se deberá recabar también el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que también se pronunciará sobre si existe o no Fuerza Mayor. En este supuesto, lógicamente, la fuerza mayor es fácil de acreditar si existe, por ejemplo, una determinada limitación de horarios o aforos. O si ha habido una lluvia torrencial que ha inundado el local.

La Autoridad Laboral debe resolver en el plazo de 5 días desde la solicitud, y únicamente constatar su existencia. En caso de que no resuelva, el silencio administrativo es de carácter positivo y se entiende que concurre la Fuerza Mayor. Constatada la Fuerza Mayor el negocio podrá aplicar la suspensión y reducción de jornada de los contrataos de trabajo.

Artículo de Daniel Ghamlouche en Autónomos y Emprendedor.es con la colaboración de Jaume J. Barcons.

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El Mecanismo RED, sustituto del ERTE, es la nueva fórmula que permite a los negocios mantener a sus asalariados en situación de crisis cíclica o sectorial pagando menos cotizaciones. Sin embargo, les prohíbe despedir hasta seis meses después de recuperar la actividad.

Esta semana ha entrado en vigor el Mecanismo RED para la flexibilidad y estabilización del empleo, el sustituto de la figura del ERTE que fue utilizada por autónomos y pymes durante la pandemia. A partir de ahora, las empresas tendrán que acogerse a nuevas condiciones y obligaciones en caso de encontrarse en dificultades por una crisis cíclica o de pérdida de actividad de un sector concreto.

Entre sus novedades, destaca la exoneración de entre el 60% y el 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social que autónomos y negocios tienen que pagar por sus asalariados. En el otro lado de la balanza, los negocios que se acojan al Mecanismo RED estarán obligados a mantener el empleo de los trabajadores afectados durante, al menos, los seis meses posteriores a la recuperación de la actividad. No hacerlo podría conllevar la devolución de todas las bonificaciones, una cuestión que podría generar problemas en los negocios con peor situación, según explicaron los expertos consultados por este medio.

Además, los negocios que se vean en la obligación de acogerse al Mecanismo RED estarán obligados, “salvo excepciones”, a desarrollar acciones formativas para los asalariados durante su periodo de vigencia, “que tendrán como objetivo la mejora de sus competencias profesionales y su empleabilidad”, según explicaron desde el Gobierno.

Al igual que en el caso de los ya antiguos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el Mecanismo RED debe ser aprobado por el Consejo de Ministros “previa información a las organizaciones más representativas.” Esto podría producirse, por ejemplo, ante una crisis cíclica como la pandemia, pero también ante un momento de dificultad para un sector concreto. En cada caso, las bonificaciones en las cotizaciones a las que se podrán acoger los negocios afectados serán diferentes.

Bonificaciones de entre el 20% y el 60% en las cuotas de los asalariados para autónomos y negocios

El aspecto más importante del decreto que regula el nuevo Mecanismo RED tiene que ver con las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de los asalariados a la que se pueden acoger los autónomos y negocios que sufran una crisis cíclica o sectorial. Tal y como fija la normativa, serán diferentes en cada caso.

• Crisis cíclicas

El decreto define una crisis cíclica como “una caída transitoria de la demanda debido a causas macroeconómicas.” Es el caso, por ejemplo, de la pandemia, cuando millones de negocios y autónomos tuvieron que paralizar su actividad durante varias semanas ante los confinamientos para evitar contagios.

En estas situaciones, el Mecanismo RED prevé exenciones de las cuotas de la Seguridad Social que los autónomos pagan por sus empleados del 60% durante los cuatro primeros meses; del 30% entre el quinto y el octavo mes; y del 20% a partir del noveno.

• Crisis sectoriales

El nuevo Mecanismo RED también prevé la puesta en marcha del protocolo en caso de que se produzca una reducción de la demanda debido a causas propias de un sector concreto de actividad. En estos casos, la bonificación prevista para los negocios y autónomos es del 40% en las cotizaciones sociales que pagan por sus asalariados, siempre condicionadas al desarrollo de actividades formativas para las personas afectadas. Por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes.

Tal y como recordó a este medio Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons, “el Consejo de Ministros es quien tiene que determinar que se trata de un sector en riesgo y que, por tanto, los negocios dedicados a esa actividad pueden acogerse al Mecanismo RED.”

En ambos casos, la concesión de las bonificaciones queda comprometida al mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores a la recuperación de la actividad. En caso contrario, el negocio tendrá que devolver a la Seguridad Social la parte de las cuotas que no ingresaron durante los meses en los que se redujo el trabajo.

Además, durante los meses que dure el protocolo Mecanismo RED, los autónomos y negocios no podrán solicitar a sus asalariados la realización de horas extraordinarias, así como realizar nuevas externalizaciones de la actividad, ni nuevas contrataciones, directas o indirectas.

“Lo bueno de ello es que, en caso de que se termine despidiendo antes de seis meses, el negocio sólo tendrá que devolver las exoneraciones de cuotas a las que se haya acogido con respecto a la persona trabajadora, no sobre todas las cotizaciones que se hayan bonificado en ese periodo”, explicó Jaume Barcons.

• Los asalariados percibirán el 70% de su base reguladora mientras dure el Mecanismo RED

Por su parte, los asalariados afectados por la activación del nuevo Mecanismo RED percibirán, durante todos los meses que dure, el 70% de su base reguladora, con un máximo del 225% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado este año en 600 euros al mes. Es decir, podrán cobrar como máximo 1.350 euros mensuales, siempre que el 70% de su base reguladora sea superior a esta cifra.

Se trata de una proporción similar a la que establecía la normativa de los ERTE. Sin embargo, el Mecanismo RED elimina la reducción al 50% de la base reguladora que los asalariados cobraban a partir del séptimo mes de suspensión de su contrato de trabajo. “Lo que aplicaba en los ERTE era el criterio de la prestación por desempleo. El Mecanismo RED, al ser un sistema especial, mantiene el 70% durante todo el tiempo que dure el proceso, por lo que es un beneficio para el asalariado”, valoró, en este sentido, Jaume Barcons.

Las cláusulas de mantenimiento de empleo podrían ser un arma de doble filo para los negocios

Según explicó a este medio Jaume Barcons, la entrada en vigor del Mecanismo RED es “un arma de doble filo” para los autónomos con asalariados y negocios. Sobre todo, por la prohibición expresa de despedir durante los seis meses posteriores a la recuperación total de la actividad del negocio.

“Hasta ahora, si el ERTE no era suficiente, el negocio podía aplicar un despido colectivo (ERE) porque eran dos figuras diferentes. Por el contrario, con el Mecanismo RED, los negocios estarán exonerando parte de la cotización, pero podría llegar un momento en el cual se tengan que tomar decisiones más drásticas y el autónomo no pueda hacerlo porque perdería estas bonificaciones”, valoró el abogado laboralista.

Así, el Mecanismo RED aporta, por un lado, flexibilidad a los negocios, “algo que es positivo y que les permitirá subsistir en situaciones de crisis”, valoró Jaume Barcons a este diario. Sin embargo, por otro lado, “las cláusulas de mantenimiento del empleo son tan estrictas que podrían generar problemas en los negocios donde no baste la suspensión temporal del contrato de un asalariado”, concluyó el abogado laboralista.

Artículo de Diego S. Adelantado con la colaboración de Jaume J. Barcons en Autónomos y Emprendador.es 

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La gestoría Barcons ha elaborado para Autónomos y Emprendedores una calculadora para que los autónomos puedan conocer cuál es el salario mínimo por hora que deberán pagar a sus empleados en 2023.

El Gobierno aprobó en febrero el Real Decreto-Ley 99/2023, de 14 de febrero, que elevó con efectos retroactivos el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en nuestro país. Desde aquel momento, los autónomos tienen que pagar, al menos, 1.080 euros mensuales por 14 pagas o 1.260 euros al mes por 12 pagas a sus trabajadores. Como en las anteriores subidas, esta normativa fija la cantidad mínima que puede cobrar un empleado de manera anual, mensual y diaria. Sin embargo, muchos autónomos todavía no saben cuál es el mínimo que deberían pagar por hora a sus empleados.

Esto se debe a que, en realidad, la normativa no determina el precio mínimo para una sola hora de trabajo, ya que para conocer esta cuantía mínima, primero hay que saber cuál es la jornada anual fijada por el convenio colectivo al que está acogida la actividad del trabajador por cuenta propia.

Según explicó Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons, “a diferencia de la jornada de trabajo, que sí se puede calcular de manera proporcional, el precio mínimo por hora dependerá siempre del convenio colectivo al que esté sujeto cada negocio en cuestión”.

Por ello, la gestoría Barcons ha elaborado para este diario una calculadora, a la que se puede acceder desde este enlace.

A través de ella, cada autónomo y en función del convenio provincial, estatal o autonómico que regule su negocio, podrá calcular el precio por hora mínimo que puede pagar a cada uno de sus empleados.

Explicación de la calculadora sobre el precio mínimo por hora a pagar según la actividad

Al acceder a la calculadora, el autónomo se encontrará con varios conceptos completados por defecto. Los dos primeros apartados, que se pueden observar a continuación, deben dejarse con las mismas cifras que ya están asignadas. El primero es el salario base mínimo mensual calculado en doce meses -1.260 euros al mes- y el segundo el SMI anual -15.120 euros al año- .

El tercer apartado, que se puede observar en la captura más abajo es donde el autónomo deberá introducir el número de horas anuales que fija su convenio. “Ésta es la parte más importante en el cálculo ya que un mismo salario mínimo en dos convenios diferentes puede determinar un precio hora distinto, porque las horas anuales pueden ser diferentes. El precio mínimo por cada hora se calcula dividiendo 15.120 euros por la jornada que marque cada convenio. Y estas horas cambian para cada actividad”, explicó el abogado de la gestoría Barcons.

En el siguiente ejemplo se incluye el número de horas anuales marcadas para el convenio colectivo estatal de las gestorías administrativas, que son 1.786 horas anuales. En este caso, al introducir este importe se calculará el precio hora mínimo para este sector, que son 8,47 euros.

Sin embargo, como se puede observar en la captura a continuación, si se incluyera por ejemplo el número de horas fijadas para el convenio del comercio textil en Zaragoza, 1.794 horas, el precio hora mínimo se reduciría hasta 8,43 euros por hora.

En el mismo sector del comercio textil pero para, por ejemplo, Barcelona, la jornada anual sería de 1.769 horas y el precio mínimo por hora, en este caso, ascendería a 8,55 euros.

¿Y si la actividad del autónomo no tiene convenio colectivo?

Se calcula que ahora mismo hay entorno a 800.000 empleados que no están bajo ningún convenio. El Estatuto no establece cual es la jornada máxima anual,  por lo que la jurisprudencia ha transformado esas 40 horas semanales que puede trabajar como máximo cada empleado en una jornada máxima anual de 1.826 horas.

Así pues, los autónomos que formen parte de actividades que no estén sujetas a ningún convenio colectivo tendrán que atenerse a la jornada máxima anual utilizada por varias sentencias del Supremo en base a la jornada mensual que marca el Estatuto de los Trabajadores. Como se puede observar a continuación, para esta jornada máxima, el precio mínimo por hora sería de 8,28 euros

L'entrada Calculadora para conocer el salario por hora mínimo que deben pagar los autónomos a sus empleados ha aparegut primer a Gestoria Barcons.

Los abogados laboralistas recopilaron para Autónomos y Emprendedores algunas de las situaciones más llamativas ocurridas durante el teletrabajo, para dilucidar qué pueden hacer y qué no tanto los negocios como sus asalariados.

Desde la llegada de la pandemia hace ya más de tres años, miles de negocios han decidido aplicar el teletrabajo en un momento u otro. Las jornadas a distancia fueron una fórmula que permitió la supervivencia de muchas empresas y autónomos, y que se ha afianzado como uno de los beneficios laborales preferidos por los asalariados en 2023.

Prueba de ello es un reciente informe de Capterra, que muestra cómo el 76% de los empleados que sólo trabaja presencialmente preferiría tener la opción de teletrabajar algún día a la semana. Esta opción, conocida como trabajo híbrido, es utilizada en España por uno de cada tres negocios, según el mismo estudio.

Sin embargo, aunque el teletrabajo presenta importantes beneficios para los asalariados, como la reducción de los tiempos de desplazamiento, también ha sido el foco de algunos problemas en los negocios desde que comenzó a aplicarse, tanto por parte de los asalariados como de los autónomos que dirigen las empresas.

En este contexto, dos abogados laboralistas -Jaume Barcons, de la gestoría Barcons; y Luis San José, del despacho AGM Abogados-, han recopilado para Autónomos y Emprendedores algunas de las sentencias más significativas sobre este asunto, a fin de dilucidar qué se puede hacer y qué no durante una jornada laboral bajo la fórmula del teletrabajo.

“La nueva sociedad de la información está cambiando las relaciones laborales, y obliga a la jurisprudencia y a la legislación a adaptarse ante situaciones nuevas que, hace unos años, se creía que llegarían más tarde que temprano”, explicó a este diario Jaume Barcons, en este sentido.

¿Qué pueden y qué no pueden hacer los asalariados durante el teletrabajo?

• Ausentarse de su domicilio para salir a comprar en el supermercado

Aunque pudiera parecer una obviedad, lo cierto es que muchos asalariados aprovechan sus jornadas laborales a distancia para salir de sus domicilios y realizar la compra en el supermercado. Se trata de una práctica que está prohibida, tal y como recordó Jaume Barcons a este medio.

Prueba de ello es una sentencia emitida en junio del año pasado, en la cual se declara como despido procedente a un asalariado que, “estando en teletrabajo, se ausenta de su domicilio durante un periodo significativo, sin consentimiento ni conocimiento de la empresa, falseando su registro horario y faltando a la verdad, para irse de compras en diversos establecimientos en los aledaños de su domicilio”, explicó el abogado laboralista.

En estas situaciones, el negocio tiene pocos mecanismos para probarlo, aunque uno de ellos es la contratación de un detective durante el horario de trabajo de los asalariados que cumplan sus jornadas desde casa.

• Si no se ficha, no cuenta como accidente de trabajo

Al igual que si se trabaja en una oficina o local comercial, el registro horario es obligatorio para todos los negocios durante el teletrabajo. Se trata de una cuestión esencial, debido a que un accidente doméstico podría ser considerado laboral o no dependiendo de si el asalariado ha fichado correctamente.

Luis San José, abogado laboralista del despacho AGM Abogados, recordó una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, emitida el pasado febrero, en la que se constató que “no es accidente de trabajo el fallecimiento a causa de un infarto en el baño de su domicilio de un teletrabajador, porque no consta el fichaje en el registro de la jornada ni su conexión a la empresa ese día.”

• Sobrepasar los tiempos de descanso estipulados en el contrato

Otra de las prácticas erróneas más comunes entre los asalariados acogidos al teletrabajo es alargar los tiempos de descanso estipulados en su contrato, y que sí cumplirían si trabajasen en la oficina. Por ejemplo, la hora de la comida o la pausa para tomar un café. En algunos casos, se trata de una cuestión grave, que puede ser motivo para despedir de manera procedente a un empleado.

Así lo acreditó a este medio Jaume Barcons, poniendo el ejemplo de un asalariado de un contact center que, pese a ser advertido por su superior, “sobrepasó ampliamente los tiempos de descanso en teletrabajo en la espera y llamadas a los clientes. En este caso, se monitorizaban las llamadas para ver la productividad y calidad del servicio, lo que permitió comprobar los incumplimientos”, explicó.

• Perder documentos durante el traslado de la oficina al domicilio

De manera habitual, los negocios que optan por un modelo híbrido -algunos días de teletrabajo y otros de trabajo presencial- permiten que sus asalariados trasladen el ordenador o ciertos documentos importantes desde la oficina hasta sus domicilios. Pero, ¿qué ocurre si éstos los pierden de manera accidental?

Los jueces también se han pronunciado sobre este asunto, tal y como recordó el abogado laboralista de la Gestoría Barcons. En este caso, se trata de “una trabajadora que acudió a su centro de trabajo para recoger unos expedientes confidenciales y poder teletrabajar, pero se los olvidó en el autobús y los perdió”, explicó.

Tras el despido por parte de su empresa, la justicia lo declaró como improcedente, “por cuanto no existía una orden clara de prohibición de llevarse dichos expedientes, ni tampoco un protocolo al respecto. En los supuestos de teletrabajo, se exige que consten unas órdenes claras, precisas y por escrito para saber cómo se tiene que actuar”, valoró Jaume Barcons.

¿Qué no pueden hacer los negocios si permiten el teletrabajo a sus asalariados?

• El tiempo de desconexión es considerado efectivo si se produce por un incidente técnico

Durante el teletrabajo, los asalariados pueden sufrir un corte de luz o de Internet en sus domicilios que les hagan perder parte de su jornada. En estos casos, tal y como explicó Luis San José, no cabe por parte del negocio la posibilidad de exigir la recuperación de dichas horas, siempre que los incidentes se produzcan por causas ajenas a los empleados.

“Se deberá computar como tiempo de trabajo la duración de dichas desconexiones, sin que deba el asalariado recuperar el tiempo ni descontarse emolumento alguno de su salario”, constató el abogado laboralista del despacho AGM Abogados.

• Eliminar algunos pluses, como el de transporte

En algunos casos, los negocios ofrecen pluses a sus asalariados como beneficios sociales. Por ejemplo, para pagar el abono transporte cuando se tienen que desplazar hasta las oficinas. Sin embargo, los autónomos con empleados a su cargo podrían eliminar o reducir estos complementos si permiten el teletrabajo.

Sobre este asunto se ha pronunciado, incluso, el Tribunal Supremo, que en una sentencia de junio del año pasado fijó el criterio “conforme entiende que los teletrabajadores no tienen derecho a un plus de transporte que cobraban como plus extrasalarial cuando realizaban el trabajo presencial”, relató a este medio Luis San José.

• El derecho a no contestar correos o mensaje de WhatsApp sigue siendo efectivo durante el teletrabajo

Por último, cabe recordar a los autónomos con asalariados que, durante las jornadas a distancia, deben seguir respetando el derecho a la desconexión digital de sus empleados.

“Lo cierto es que, en un mundo hiperconectado, en el que la Inteligencia artificial cada día cobra más importancia, en el que los sistemas de control, como la geolocalización, cámaras de seguridad o la monitorización son cada vez más perfeccionados, se puede chocar con el derecho a la desconexión digital u otros derechos fundamentales, como la intimidad o el secreto de las comunicaciones”, concluyó, en este sentido, Jaume Barcons.

• Los derechos laborales han de ser los mismos que el resto de la plantilla

Los empleados en teletrabajo deben disfrutar de los mismos derechos recogidos en convenio que el resto de trabajadores que están en plantilla. Es decir, no puede existir ningún tipo de discriminación o de diferencia en cuanto a beneficios sociales o laborales.

Cumplir con la ley que regula el teletrabajo

Mención aparte merece la norma específica que regula el teletrabajo, aprobada a finales de 2020 tras la popularización de esta fórmula durante la pandemia. En esta Ley del Teletrabajo se recogen ciertos aspectos que todos los negocios tienen que cumplir desde entonces si ofrecen a sus asalariados la posibilidad de cumplir con su jornada laboral desde sus domicilios. Por ejemplo, la voluntariedad del mismo.

Además, la norma establece que se considera teletrabajo aquel que se realiza en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar que haya elegido de forma voluntaria, durante toda su jornada o parte de ella. Para que sea teletrabajo debe realizarse un mínimo del 30% de la jornada laboral a distancia. “Esto quiere decir que, en una jornada de 40 horas a la semana, en cinco días laborales, teletrabajo se consideraría estar fuera de la oficina 1 día y medio” explicó una abogada laboralista a este medio en otra ocasión.

Además, la norma establece que “las empresas deberán suministrar las herramientas, medios o equipos fungibles. Es decir el material necesario para llevar a cabo el trabajo como un ordenador, una mesa, una silla, etc.  Y deja en manos de la negociación colectiva, a través de una disposición transitoria, cuál será el gasto que deberá abonar el empleador por el consumo de electricidad, wifi o gas que conlleve el teletrabajo de su empleado“, consultados por este medio.

Todo ello, añadido a las circunstancias que en este artículo han recogido los abogados laboralistas, y que provienen de la jurisprudencia que, desde la entrada en vigor de la norma, han ido estableciendo diferentes tribunales de justicia.

Artículo de Diego S. Adelantado con la colaboración de Jaume J. Barcons en Autónomos y Emprendedor.es.

L'entrada ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los asalariados cuando están teletrabajando? ha aparegut primer a Gestoria Barcons.

Dos pronunciamientos de los tribunales y la Agencia Española de Protección de Datos aceptan que los autónomos puedan comunicarse con sus empleados fuera de horario laboral si tienen un grupo de WhatsApp.

Comunicarse con los asalariados por WhatsApp es una de las cuestiones que más dudas genera entre los autónomos y negocios con empleados. En este sentido, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia y el tratamiento de una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aportaron más información sobre los límites a los que pueden llegar las empresas en el uso del servicio de mensajería instantánea.

La primera sentencia hace referencia a una situación en la que una trabajadora denunció a su empresa por enviarle varios mensajes de WhatsApp, a través de un grupo con otros compañeros, fuera de su horario laboral. En este caso, el TSJ de Galicia ha desestimado la demanda, una decisión que sirve para demostrar que enviar este tipo de mensajes fuera del horario laboral no siempre supone incumplir con el derecho a la desconexión digital.

El segundo ejemplo tiene que ver con el tratamiento de los datos personales de los asalariados al crear los grupos de WhatsApp. Así, la Agencia Española de Protección de Datos ha desestimado la queja elevada por un empleado contra su empresa, dedicada al sector logístico, que le incluyó en uno de estos grupos donde se compartía información sobre las rutas diarias o la ubicación de las furgonetas.

Se trata de dos cuestiones importantes para muchos autónomos con asalariados, que utilizan el servicio de mensajería para comunicarse con sus empleados. Hasta ahora, se venía entendiendo que el derecho de los empleados a la desconexión implicaba no enviarles mensajes por WhatsApp fuera del horario laboral. Más aún, teniendo en cuenta que el incumplimiento de este derecho puede conllevar multas de hasta 7.500 euros para los negocios, y que la vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) puede acarrear sanciones millonarias. Ello preocupaba a muchos autónomos transportistas ya que la organización logística de su trabajo implicaba, por ejemplo, comunicar los portes que debían hacerse al día siguiente o cambios de última hora

Enviar mensajes fuera del horario no incumple necesariamente el derecho a la desconexión

La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia hace referencia a la denuncia de una trabajadora por cuenta ajena contra su empresa, que incluyo a ésta en un grupo de WhatsApp junto a otros compañeros donde se comunicaban ciertas cuestiones relacionadas con la actividad del negocio.

La asalariada incluyó como pruebas cinco mensajes y llamadas celebradas fuera de su horario laboral en un periodo de 15 meses para alegar el incumplimiento al derecho de desconexión digital. Sin embargo, la Justicia estimó que la escasa frecuencia de estas referencias directas a la empleada en el grupo no son suficientes para demostrar que se haya vulnerado su derecho.

Además, muchos de sus compañeros incluidos en el chat grupal de WhatsApp sí se encontraban dentro de su horario laboral durante las comunicaciones, y en ningún caso la empresa instó directamente a la empleada a que contestara los mensajes fuera de su jornada, algo que es motivo suficiente para exonerar al negocio.

“La empresa sí puede enviar mensajes de WhatsApp fuera del horario laboral, aunque el autónomo no puede sancionarle si no contesta ni presionarle para hacerlo, ya que se encuentra en su tiempo de descanso”, valoró a este diario Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons. Asimismo, la sentencia gallega es interesante para el experto, al abordar la cuestión de “la proporcionalidad. Si son cinco mensajes en 15 meses, no hay absolutamente ningún conflicto”, explicó.

Caso diferente es una situación en la que este tipo de conductas se produzcan de manera habitual entre el autónomo y sus asalariados. Incumplir el derecho a la desconexión podría acarrear sanciones de entre 751 y 7.500 euros. Así, el trabajador por cuenta propia debería esperar al comienzo de la siguiente jornada laboral para poder exigir una respuesta a sus empleados.

Los autónomos pueden incluir a sus asalariados en un grupo de WhatsApp con su número personal si es imprescindible para su desempeño profesional

En paralelo a la sentencia de los tribunales gallegos, un reciente pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abre la posibilidad a que los autónomos con asalariados incluyan a éstos en un grupo de WhatsApp con fines laborales sin su consentimiento cuando el chat sea imprescindible para su desempeño profesional.

El caso al que alude la AEPD ocurrió dentro de un negocio relacionado con el sector logístico, que incluyó a sus repartidores en un chat grupal donde se compartía información como las rutas diarias a seguir, el trabajador encargado de cada una o la ubicación de los vehículos de reparto. Se trataba, pues, de una información imprescindible para el desempeño profesional de los empleados.

“En el ámbito de las relaciones laborales, el tratamiento de los datos personales se basa jurídicamente, de forma principal, en la ejecución del contrato de trabajo, aunque ciertos datos también podrán tratarse para cumplir las exigencias impuestas por la ley o por un convenio colectivo”, explicaron desde la AEPD.

Así, el organismo público considera que los datos utilizados por el negocio son los mínimos necesarios para el cumplimiento de sus funciones laborales, así como que, al desempeñar su trabajo fuera de la sede de la empresa, no existe otro medio de comunicación con el asalariado, por lo que no procede imponer ninguna sanción.

En este caso, los expertos también se mostraron favorables al criterio de Protección de Datos. “El propio trabajador es quien ha dado el número de teléfono a la empresa, por lo que no cabe ninguna vulneración de la protección de datos. Ocurre lo mismo con los sistemas de videovigilancia”, recordó a este diario Jaume Barcons.

Ante estos dos pronunciamientos, ¿Cómo deben actuar los autónomos con empleados para incluir a estos en un grupo de WhatsApp con fines laborales? “Lo más recomendable es que se establezca una cláusula en el contrato de trabajo en la que se especifique que un medio de comunicación entre el negocio y el asalariado podrá ser vía email, WhatsApp u otro medio del que disponga la empresa, siempre con fines laborales”, concluyó el abogado laboralista.

Artículo de Diego S. Adelantado con la colaboración de Jaume J. Barcons en Autónomos y Emprendendores.

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El Gobierno anunció la semana pasada dos medidas fiscales que aumentarán en 2023 los gastos deducibles en IRPF para los autónomos en módulos y en estimación directa. A continuación, los expertos proponen dos ejemplos para ilustrar cómo afectarían estas rebajas en cada caso.

El Gobierno anunció la semana pasada una batería de medidas fiscales que, según afirmó, pretenden disminuir la presión fiscal “de los que menos tienen” y “aumentar la carga impositiva a las grandes fortunas y corporaciones”. Algunas de las rebajas de impuestos que presentó el Ministerio de Hacienda afectan directamente a los autónomos, tanto los que tributan por módulos como por estimación directa aunque las organizaciones de autónomos ya advirtieron que son claramente insuficientes.

El nuevo acuerdo que entraría en vigor de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, afectaría – según Hacienda- a la mitad de los autónomos persona física (alrededor de 1,6 millones) a través de un aumento de las deducciones o de las rebajas en los rendimientos a declarar en el IRPF.

Sin embargo, estas bajadas de impuestos no se aplican sobre los ingresos sino que se llevan a cabo a través de los gastos. Esto significa que no ocurrirá como en el Impuesto de Sociedades, en el que se ha bajado directamente el tipo nominal del 25% al 23% para los pequeños negocios. Según explicaron distintos expertos tributarios, en el caso de los autónomos persona física, la bajada dependerá de cada caso porque no se aplica directamente en el rendimiento neto sino que es indirecta, se aumentan los gastos deducibles y eso hace que se reduzcan los beneficios a declarar.

Ejemplos de cómo afectarán las nuevas rebajas fiscales a autónomos en módulos o en estimación directa

Estas bajadas se materializarán a través de dos medidas que afectarían a los autónomos persona física. En primer lugar, el paquete incluye un aumento del 5% al 7% de los gastos de difícil justificación para autónomos en estimación directa -que se restan a los beneficios y, por lo tanto, reducen la base imponible sobre la que se tributa-.

Para los autónomos en módulos se articularía una rebaja adicional de 5% en su rendimiento neto para reducir el importe que sirve para calcular los impuestos que finalmente pagan estos trabajadores por cuenta propia.

Como se trata de una bajada de impuestos indirecta, ya que no se aplica directamente sobre el rendimiento neto sino que se aumentan los gastos deducibles para que haya menos beneficios por los que pagar impuestos habría que ver cada caso para saber cuánto se podrá reducir la carga impositiva del autónomo. Para ilustrar el efecto de estas medidas, desde el área especializada en fiscalidad de la gestoría Barcons propusieron dos ejemplos. 

En uno de ellos se ilustraría mediante un ejemplo del rendimiento neto habitual de un autónomo cuánto se ahorraría el año que viene un contribuyente en estimación directa. En otro, se ejemplificaría el ahorro fiscal en el caso de un pequeño comerciante que tributa por módulos.

Primer ejemplo: el caso de un autónomo en estimación directa

En el primero de los ejemplos, desde la gestoría Barcons propusieron el caso de Ana S.G, una autónoma al frente de una peluquería que optó por no acogerse a Estimación Objetiva y tributa en Estimación Directa Simplificada. En 2022 sus ingresos han sido de 45.150,76 euros y sus  gastos por compra de productos, recibos de autónomos, alquiler del local, gastos de gestoría, suministros, seguros o reparaciones han sido de 30.582,26 euros.

Como se puede observar a continuación en la captura facilitada por la gestoría Barcons, esta trabajadora por cuenta propia, con un 5% de gastos difícilmente justificables tendría un rendimiento neto en 2022 de 13.840,08 euros por los que tributar. Sin embargo, en 2023, con el aumento al 7%, su rendimiento neto se reduciría  a 13.548,71 euros.

Si esta persona sólo tuviera esta actividad, sus rendimientos se habrían reducido en 291,3 euros. Su tipo medio rondaría el 13,3%, por lo que su ahorro fiscal sería de 69,92 euros, aseguran desde la gestoría Barcons.

Segundo ejemplo: el caso de un autónomo en módulos

En el segundo de los supuestos, desde la gestoría Barcons propusieron el caso de Miguel N.M, un autónomo que tiene una tienda de comercio minorista de bisutería, Su epígrafe en IAE es el 653.3, su conyuge también trabaja en la actividad, no tiene personal asalariado, el local mide 27m2 y su consumo de electricidad ha sido de 7849 Kw.

Como se puede observar a continuación en la captura facilitada por la gestoría Barcons, este trabajador por cuenta propia, con un 5% de gastos deducibles tendría un rendimiento en 2022 de 20.715,7 euros por los que tributar. Sin embargo, en 2023, con el aumento al 10%, tendría un rendimiento de 19.625,4 euros. Es decir, su rendimiento al que se aplicarán los impuestos habría disminuido en 1.090,3 euros.