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	<title>Gestoria Barcons</title>
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	<description>Gestoria · Assessoria fiscal i laboral · Advocats · Graduats Socials</description>
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	<title>Gestoria Barcons</title>
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		<title>¿Es automáticamente nulo un despido objetivo comunicado durante una situación de IT? ¿Cabe declararlo improcedente?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/despido-objetivo-it-nulidad-improcedencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 12:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>SANSTSJ de Madrid de 28 de octubre de 2025, Rec. 712/2025, ECLI: ES:TSJM:2025:12954 Supuesto de Hecho Trabajador que se encontraba en incapacidad temporal (IT) desde el 14 de octubre de 2024, comunicando a la empresa el 13 de noviembre de 2024 la continuidad y previsión de la baja. La empresa le notificó un despido objetivo...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>SANSTSJ de Madrid de 28 de octubre de 2025, Rec. 712/2025, ECLI: ES:TSJM:2025:12954</h6>
<h3><strong>Supuesto de Hecho</strong></h3>
<p class="p1">Trabajador que se encontraba en <b>incapacidad temporal (IT)</b> desde el 14 de octubre de 2024, comunicando a la empresa el 13 de noviembre de 2024 la continuidad y previsión de la baja.</p>
<p class="p1">La empresa le notificó un <b>despido objetivo por causas organizativas</b> el 26 de noviembre de 2024, es decir, <b>13 días después de dicha comunicación</b>, alegando reorganización interna y reasignación de sus funciones al CEO.</p>
<p class="p1">El trabajador impugnó el despido solicitando su nulidad por discriminación por enfermedad (Ley 15/2022).</p>
<p class="p1">La cuestión jurídica es determinar si el despido objetivo constituye o no un acto discriminatorio por razón de enfermedad, lo que determinaría su nulidad, o si, por el contrario, concurren causas organizativas acreditadas que justificarían su legalidad.</p>
<h3><strong>Resolución</strong></h3>
<p class="p1"><b>I.- Sobre la enfermedad como causa de discriminación: doctrina constitucional y legal</b><b></b></p>
<p class="p1">El art. 2 de la Ley 15/2022, de 12 de julio considera discriminatoria cualquier diferenciación por razón de “enfermedad o condición de salud”, sin exigir que la misma sea duradera o asimilable a una discapacidad.</p>
<p class="p1">En este sentido, el artículo 2.3) establece que:</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;"><i>“La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública”.</i></p>
<p class="p3">El TSJ nos dice que esta normativa <b>no convierte en nulo automáticamente todo despido que se produzca durante una baja médica</b>, ni modifica las causas tasadas de nulidad previstas en el artículo 55.5) ET. La Ley 15/2022 refuerza el sistema de prueba indiciaria en supuestos de discriminación, pero no introduce nuevos supuestos de nulidad objetiva.</p>
<p class="p3">El <b>TC</b> ha perfilado con claridad el mecanismo de la prueba indiciaria en casos de posible vulneración de derechos fundamentales, afirmando que el trabajador debe aportar <b>indicios razonables y fundados</b> de discriminación, lo que activa el desplazamiento de la carga probatoria hacia el empresario. La <b>STC 125/2008, de 20 de octubre</b>, señala:</p>
<p class="p2" style="padding-left: 40px;"><i>“Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales”.</i></p>
<p class="p3">Y añade que no se exige al empresario una “<i>prueba diabólica</i>” sobre la inexistencia de toda discriminación, sino una <span class="s1"><b>justificación objetiva y razonable de la medida adoptada</b></span>, como reiteran también las <b>STC 114/1989, STC 87/2004, STC 138/2006 y STC 342/2006</b>.</p>
<p class="p1"><b>II.- Análisis de los indicios de vulneración del derecho fundamental</b><b></b></p>
<p class="p1">La proximidad temporal entre el estado de IT del trabajador y el despido (apenas 13 días entre la prórroga de la baja médica y la comunicación extintiva) es un indicio suficiente de posible discriminación (Arts. 96 y 181 LRJS).</p>
<p class="p1">No obstante, no toda actuación empresarial temporalmente próxima a una situación protegida puede calificarse como nula, si existen elementos que permitan acreditar una causa real, ajena y anterior a la enfermedad.</p>
<p class="p1">En el presente caso estamos ante una decisión organizativa estructural tomada con anterioridad a la baja médica lo que permite descartar la nulidad.</p>
<p class="p1"><b>III.- Valoración de la prueba empresarial: causas organizativas</b><b></b></p>
<p class="p1">En la carta de despido, se exponen con detalle las causas organizativas concurrentes: la fusión de las líneas de negocio, la desaparición de la marca “<i>Proporciona</i>”, la reasignación de las funciones del actor al CEO y la reestructuración del organigrama comercial, adoptadas como consecuencia de la no consecución de los objetivos económicos.</p>
<p class="p1">Se aplica la <b>STSJ de Madrid de 8 de noviembre de 2024, Rec. 811/2024</b>, que, en un supuesto análogo, consideró desvirtuados los indicios de discriminación cuando existía una decisión empresarial razonable y adoptada con anterioridad a la situación de IT.</p>
<p class="p1"><b>IV.- Improcedencia y no nulidad del despido</b><b></b></p>
<p class="p1">En el presente asunto no concurre vulneración del derecho a la igualdad ni discriminación por razón de enfermedad. La empresa ha desvirtuado los indicios de discriminación aportados por la parte actora. (arts. 55.5) ET y 108.2 LRJS).</p>
<p class="p1">No obstante, se considera que el despido no fue ajustado a Derecho en cuanto a las formalidades exigidas para la validez de la medida extintiva objetiva, lo que conlleva su calificación como <b>improcedente </b>(Art. 53.1).</p>
<h3 class="p1"><b>Valoración Crítica</b></h3>
<p class="p1">Se vuelve aclarar que la Ley 15/2022 no impone una nulidad automática por enfermedad ante un despido. Se reconoce el indicio temporal por la situación de IT, pero se valora correctamente que la empresa acreditó una causa organizativa real y previa, desvirtuando cualquier móvil discriminatorio. No obstante, se declara el despido improcedente por defectos formales, de ahí que la sentencia se muestre equilibrada y conforme a la doctrina constitucional sobre la carga probatoria en despidos con posible vulneración de derechos fundamentales.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>¿Es legal excluir a los trabajadores en IT del cobro de un bonus? ¿Puede exigirse estar en activo en una fecha determinada para devengarlo?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/bonus-baja-medica-requisitos-cobro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 07:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salario variable]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>SAN, de 20 de octubre de 2025, (Rec. 217/2025), ECLI:ES:AN:2025:4428 Supuesto de Hecho Se analiza la legalidad de la decisión unilateral adoptada por Michelin España y Portugal, S.A., consistente en el abono de una prima excepcional de 850€ brutos en el año 2023, dirigida exclusivamente al personal del colectivo horario o de taller, en reconocimiento...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>SAN, de 20 de octubre de 2025, (Rec. 217/2025), ECLI:ES:AN:2025:4428</h6>
<h3><strong>Supuesto de Hecho</strong></h3>
<p class="p1">Se analiza la legalidad de la decisión unilateral adoptada por Michelin España y Portugal, S.A., consistente en el abono de una prima excepcional de 850€ brutos en el año 2023, dirigida exclusivamente al personal del colectivo horario o de taller, en reconocimiento a su adaptación a la variabilidad del mercado.</p>
<p class="p1">Dicha prima, de naturaleza extraordinaria y no periódica, no estaba prevista en convenio colectivo ni en acuerdo de empresa, y su percepción se condicionó al cumplimiento simultáneo de varios requisitos:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) Pertenencia al colectivo horario a 30 de noviembre de 2023,<br />
b) Situación de activo o en excedencia por cuidado de hijos en esa misma fecha, y,<br />
c) Haber prestado servicios efectivos durante al menos 250 días entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del referido año.</p>
<p class="p1">Se excluyeron expresamente del cómputo los días de incapacidad temporal (IT), licencias sin sueldo y demás supuestos de suspensión del contrato.</p>
<p class="p1">El núcleo del debate jurídico gira en torno a si esta exclusión constituye una discriminación directa o indirecta por razón de enfermedad o sexo, y si vulnera el principio constitucional de igualdad.</p>
<h3><strong>Resolución</strong></h3>
<p class="p1">La SAN analiza la práctica empresarial consistente en excluir del cómputo de días trabajados, a efectos del devengo de una prima extraordinaria, los periodos en que los trabajadores se encuentran en situación de incapacidad temporal (IT) o en otras situaciones de suspensión del contrato de trabajo.</p>
<p class="p1">El análisis se realiza a la luz de los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en la <b>Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación</b>, y se estructura en función de los diferentes supuestos jurídicos objeto de controversia.</p>
<p class="p1">La prima discutida presenta una naturaleza <b>extraordinaria, individual y no periódica</b>, habiendo sido establecida de manera unilateral por la empresa y dirigida exclusivamente al personal del colectivo horario o de taller, como reconocimiento a su adaptación a la variabilidad de la jornada durante el año 2023.</p>
<p class="p1">No se encuentra prevista en el convenio colectivo ni en acuerdos de empresa, lo que confiere relevancia al escrutinio judicial sobre sus condiciones de acceso.</p>
<p class="p1">La Audiencia Nacional aborda los siguientes extremos:</p>
<p class="p1"><b>I.- Exclusión de la incapacidad temporal y discriminación por razón de enfermedad</b></p>
<p class="p1">Se analiza si la exclusión de los días en situación de IT del cómputo de servicios efectivos requeridos para el abono de la prima constituye una discriminación contraria al ordenamiento jurídico. A tal efecto, se examinan los arts. 2.1), 4.1) y 6.1.a) de la <b>Ley 15/2022</b>, los cuales prohíben expresamente cualquier trato menos favorable fundado en la condición de salud, incluyendo la enfermedad.</p>
<p class="p1">La AN considera que dicha exclusión es una <b>discriminación directa por razón de enfermedad</b>, al impedir el acceso a la prima a aquellos trabajadores que, por causas médicas, no alcanzan el umbral de 250 días de trabajo efectivo exigido, sin que la empresa aporte justificación objetiva ni proporcional.</p>
<p class="p1">Incluso quienes han estado en situación de IT han podido soportar durante el resto del año las condiciones de flexibilidad y adaptación que dicha prima pretende retribuir, lo que demuestra la desproporción de la exclusión adoptada.</p>
<p class="p1">La AN desarrolla una doctrina diferenciadora sobre cuándo la exclusión de complementos retributivos en casos de IT puede ser jurídicamente admisible:</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;"><b>.- SAN de 19 de junio de 2023 (Proc. 114/2023)</b>: se declaró <b>discriminatoria</b> la exclusión del incentivo de ventas a trabajadores en baja médica por carecer de justificación objetiva.</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;">.- <b>SAN de 22 de enero de 2024 (Proc. 280/2023)</b>: se consideró <b>no discriminatoria</b> la práctica de abonar un complemento variable <b>proporcionalmente a los días trabajados</b>, al respetar el artículo 45.2) ET.</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;">.- <b>SAN de 16 de septiembre de 2024 (Proc. 199/2024)</b>: se aceptó como <b>válida</b> la exclusión de periodos de IT cuando estos superaban los 30 días, siempre que se justificara su impacto relevante en el devengo del complemento.</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;"><b>.- SAN de 30 de mayo de 2025 (Proc. 98/2025)</b> y <b>SAN de 25 de junio de 2025 (Proc. 112/2025)</b>: se validaron exclusiones <b>proporcionales</b> de complementos variables cuando no implicaban una privación total injustificada.</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;"><b>.- STS de 20 de enero de 2025 (Rec. 99/2024)</b>: se confirma la legalidad de calcular el complemento variable <b>en función del tiempo efectivamente trabajado</b>, rechazando su supresión completa en ausencia de causa razonable.</p>
<p class="p1">A partir de esta doctrina, la Audiencia establece una <b>distinción esencial</b>:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) No concurre discriminación cuando el complemento se abona proporcionalmente al tiempo de trabajo efectivo, sin exclusión total por el hecho de haber estado en IT.<br />
b) Existe discriminación cuando la empresa impone un <b>requisito rígido y absoluto</b>, como el cómputo de 250 días, y <b>excluye de forma completa</b> a quienes han estado en IT, sin prever mecanismos de ajuste ni justificación objetiva.</p>
<p class="p2">En el presente caso, la exclusión de la IT constituye una <b>discriminación por enfermedad prohibida</b> por el art. 2 de la Ley 15/2022.</p>
<p class="p2"><b>II.- Excedencias por cuidado de hijos y permisos por cuidado de menores</b><b></b></p>
<p class="p2">En las <b>excedencias por cuidado de hijos</b>, la empresa <b>expresamente contempló dicha situación como compatible con el derecho a la prima</b>, siempre que se estuviera en dicha situación a fecha 30 de noviembre de 2023. No se aprecia, por tanto, vulneración del principio de igualdad.</p>
<p class="p2">En relación con los<b> permisos por cuidado de menor</b>, <b>no consta su exclusión en los criterios empresariales</b>, ni se ha acreditado por parte de los sindicatos que se haya denegado el acceso a la prima a quienes se encontraban en tal situación.</p>
<p class="p2">Tampoco se aprecia discriminación en este punto.</p>
<p class="p2"><b>III.- Licencias sin sueldo y alegación de discriminación indirecta por razón de sexo</b><b></b></p>
<p class="p2">Se alega por el recurrente que la exclusión de las licencias sin sueldo del cómputo de servicios efectivos supondría una <b>discriminación indirecta por razón de sexo</b>, en tanto estas licencias son solicitadas mayoritariamente por mujeres, afectando de forma desproporcionada a este colectivo.</p>
<p class="p2">La AN reconoce la <b>validez de la prueba estadística</b> y la <b>aplicación de la perspectiva de género</b> como elementos necesarios en el análisis de la discriminación indirecta. Pero, en el caso concreto, la parte actora <b>no aportó datos desagregados por sexo</b> sobre el uso de estas licencias dentro de la empresa, ni justificó con pruebas empíricas la supuesta afectación predominante a mujeres. Los informes del Plan de Igualdad carecían de contenido estadístico suficiente.</p>
<p class="p2"><strong>N</strong><b>o puede apreciarse discriminación indirecta por razón de sexo</b>, al no haberse acreditado el impacto desproporcionado alegado.</p>
<p class="p2"><b>IV.- Requisito de estar de alta a 30 de noviembre de 2023</b><b></b></p>
<p class="p2">Otro de los aspectos examinados es la legalidad del requisito empresarial de encontrarse en situación de alta a fecha 30 de noviembre de 2023 para tener derecho al devengo de la prima.</p>
<p class="p2">La AN distingue <b>dos situaciones diferenciadas</b>:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) Si el trabajador <b>no está en alta por decisión voluntaria</b>, como baja voluntaria, dimisión o excedencia no protegida, el requisito se considera válido y conforme a derecho.<br />
b) Si el trabajador <b>no está en alta por causas no imputables a su voluntad</b>, como una IT, despido, jubilación o modificación sustancial de condiciones, el requisito se considera <b>no ajustado a derecho</b> por vulnerar el derecho a percibir una retribución ya devengada.</p>
<p class="p2">Para fundamentar esta conclusión, se cita la <b>jurisprudencia del TS</b>, entre otras:</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;"><b>.- STS de 2 de diciembre de 2015 (Rec. 326/2014)</b>: declara <b>abusiva</b> la exigencia de estar en alta en el momento del cobro de un complemento devengado, por vulnerar el artículo 4.2.f del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;">.- <b>STS de 5 de abril de 2022 (Rec. 151/2021)</b> y <b>STS de 13 de marzo de 2025 (Rec. 2128/2023)</b>: reafirman que no puede condicionarse el pago de un complemento ya devengado a la permanencia en la empresa si el cese obedece a causas ajenas al trabajador.</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;">.- <b>STS de 22 de octubre de 2020 (Rec. 285/2018)</b>: admite la validez de exigir estar de alta <b>durante el período de devengo</b> de un complemento si ello ha sido pactado, y no como condición meramente formal de cobro.</p>
<p class="p2">Según la AN la prima se devenga entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023, y se abona en diciembre. Por tanto, exigir estar en alta a fecha 30 de noviembre <b>solo sería válido cuando la baja sea voluntaria</b>, pero <b>no puede exigirse cuando el trabajador ha cesado por causas no imputables a su voluntad</b> (por ejemplo, IT o despido).</p>
<p class="p2">En consecuencia, <b>el requisito de estar de alta en fecha 30 de noviembre se declara nulo en caso de IT</b> y <b>no ajustado a derecho</b> en aquellos supuestos en que el trabajador no esté en activo por causas ajenas a su voluntad.</p>
<h3 class="p1"><b>Valoración Crítica</b></h3>
<p class="p1">Se valoran los límites del poder empresarial en la fijación unilateral de retribuciones extraordinarias. Se distingue entre prácticas discriminatorias y criterios legítimos de configuración del bonus, particularmente en relación con la incapacidad temporal (IT).</p>
<p class="p1">Se aplica la Ley 15/2022 y la doctrina del TS, al declarar nulo el requisito de alta en fecha concreta cuando la baja se debe a causas no imputables al trabajador, y al invalidar cláusulas que excluyen de forma absoluta situaciones de IT sin fórmula de ajuste proporcional.</p>
<p class="p1">Se delimita con claridad los umbrales de licitud en materia retributiva sin desplazar la autonomía empresarial, pero subordinándola al respeto efectivo de los derechos fundamentales.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>¿Puede el INSS denegar la prestación por una nueva baja de incapacidad temporal por la misma patología si no han transcurrido 180 días?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/baja-it-misma-patologia-180-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestaciones S.S.]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>STS de 19 de julio (Rcud. 3624/2020), ECLI:ES:TS:2023:3535 Supuesto de Hecho El TS analiza la controversia sobre el derecho a percibir la prestación económica por incapacidad temporal (IT) cuando un trabajador, tras agotar el plazo máximo de 545 días sin reconocimiento de incapacidad permanente (IP), inicia un nuevo proceso de IT por la misma patología...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>STS de 19 de julio (Rcud. 3624/2020), ECLI:ES:TS:2023:3535</h6>
<h3><strong>Supuesto de Hecho</strong></h3>
<p class="p1">El TS analiza la controversia sobre el derecho a percibir la prestación económica por incapacidad temporal (IT) cuando un trabajador, tras agotar el plazo máximo de 545 días sin reconocimiento de incapacidad permanente (IP), inicia un nuevo proceso de IT por la misma patología antes de que transcurran los 180 días que exige la ley para generar un nuevo derecho.</p>
<p class="p1">En este caso, el trabajador, montador de andamios, estuvo en situación de IT desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 17 de noviembre de 2017 por un diagnóstico de ansiedad.</p>
<p class="p1">Denegada la IP por el INSS, el 12 de diciembre de 2017 se le emitió una nueva baja médica por la misma patología.</p>
<p class="p1">El INSS rechazó reconocer efectos económicos a esta segunda baja, al no haberse superado el plazo mínimo legal de 180 días entre ambos procesos.</p>
<p class="p1">El trabajador recurrió en unificación de doctrina, invocando la STS de 10 de diciembre de 2012 (Rcud 3429/2011), que establece la necesidad de que el INSS motive la denegación con base en una valoración médica objetiva y actualizada, y no de forma automática.</p>
<h3><strong>Resolución</strong></h3>
<p class="p1"><b>I. Doctrina de la sentencia de contraste y jurisprudencia consolidada</b><b></b></p>
<p class="p1">El TS acoge la doctrina establecida en su <b>STS de 10 de diciembre de 2012 (Rcud 3429/2011), </b>en la que se interpretó el art. 131.bis.1) de la LGSS de 1994 (equivalente al vigente artículo 174.3) LGSS), estableciendo que la potestad del INSS para denegar una nueva prestación por incapacidad temporal (IT) antes del transcurso de 180 días no es absoluta ni discrecional, sino que debe fundarse en elementos objetivos y clínicos actualizados.</p>
<p class="p1">Dicha sentencia concluye que:</p>
<p class="p3" style="padding-left: 40px;"><i>“El criterio de la entidad gestora no puede fundarse exclusivamente en el hecho de tratarse de la misma o similar patología, ni en la inexistencia del transcurso de seis meses de actividad, sino que debe apoyarse en una valoración médica objetiva que acredite la capacidad laboral del trabajador o su recuperación”.</i></p>
<p class="p1">Cuando el trabajador causa una nueva baja médica antes de transcurrir los 180 días, el INSS debe justificar expresamente la denegación de los efectos económicos mediante un análisis de su situación de salud en ese momento. Ello exige un pronunciamiento técnico que valore si ha recuperado o no su capacidad laboral, siendo insuficiente la mera referencia a la repetición de la patología.</p>
<p class="p1">Se impone, por tanto, una valoración técnica, individualizada y actual sobre el estado del trabajador, en particular sobre sus posibilidades de recuperación funcional, debiendo la actuación administrativa basarse en evidencia clínica y no en automatismos derivados de criterios temporales abstractos.</p>
<p class="p1">Esta doctrina ha sido reiterada en las STS 753/2019, de 6 de noviembre (Rcud. 1363/2017); STS 158/2021, de 4 de febrero (Rcud. 3439/2018); y STS 1143/2021, de 23 de noviembre (Rcud. 87/2019)</p>
<p class="p1">En el presente caso, al denegarse la prestación de IT sin motivación suficiente, el Tribunal Supremo considera que dicha actuación administrativa vulnera tanto el principio de motivación como el de tutela judicial efectiva, siendo exigible una justificación clínica concreta que respete, además, los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la norma.</p>
<p class="p1"><b>II.- Interpretación del artículo 174.3) LGSS</b><b></b></p>
<p class="p1">El artículo 174.3 LGSS establece:</p>
<p class="p3" style="padding-left: 40px;"><i>“El derecho al subsidio por incapacidad temporal puede volver a generarse por la misma o similar patología siempre que haya transcurrido un período de 180 días desde la finalización de la anterior incapacidad temporal, salvo que en dicho período se hubiera producido un nuevo proceso por diferente causa”.</i></p>
<p class="p1">Aunque la literalidad del precepto parece impedir una nueva prestación si no han transcurrido 180 días, el TS matiza que <b>esa limitación temporal debe interpretarse de forma finalista</b>, y que no puede operar como barrera automática si el trabajador efectivamente ha recaído y no ha recuperado su capacidad laboral, siempre que tal situación quede objetivamente acreditada.</p>
<p class="p1">La falta de transcurso del plazo de 180 días no es, por tanto, causa automática de denegación, sino un criterio general susceptible de excepción cuando concurran circunstancias médicas objetivas que justifiquen el reconocimiento de una nueva IT.</p>
<h3 class="p1"><b>Valoración Crítica</b></h3>
<p class="p1">Se corrige una interpretación automática del art. 174.3) LGSS y se exige al INSS una motivación fundada en datos clínicos actualizados para denegar la prestación por IT. Esta doctrina refuerza la seguridad jurídica y protege al trabajador frente a decisiones administrativas no justificadas. Se delimitan los límites de la actuación del INSS, evitando que el mero transcurso del plazo o la identidad de la patología operen como causas excluyentes sin valoración médica.</p>
<p class="p1">Se trata, por tanto, de un pronunciamiento coherente con la finalidad tuitiva del sistema de Seguridad Social.</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://gestoriabarcons.es/baja-it-misma-patologia-180-dias/">¿Puede el INSS denegar la prestación por una nueva baja de incapacidad temporal por la misma patología si no han transcurrido 180 días?</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://gestoriabarcons.es">Gestoria Barcons</a>.</p>
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		<item>
		<title>¿Puede una conducta empresarial aislada ser acoso laboral? ¿Basta un solo acto según el art. 1 del Convenio 190 de la OIT o sigue siendo necesaria la reiteración? ¿Cuál es la diferencia entre acoso y conflicto laboral?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/acoso-vs-conflicto-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 07:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asesoría Jurídica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>STSJ de Madrid de 26 de septiembre de 2025, Rec. 620/2025, ECLI: ES:TSJM:2025:11046. Supuesto de Hecho El litigio plantea si una decisión empresarial aislada, adoptada y comunicada en una única ocasión, puede constituir acoso laboral con relevancia constitucional y vulnerar el art. 15 CE, a la luz del Convenio núm. 190 de la OIT y...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>STSJ de Madrid de 26 de septiembre de 2025, Rec. 620/2025, ECLI: ES:TSJM:2025:11046.</h6>
<h3><strong>Supuesto de Hecho</strong></h3>
<p class="p1">El litigio plantea si una decisión empresarial aislada, adoptada y comunicada en una única ocasión, puede constituir acoso laboral con relevancia constitucional y vulnerar el art. 15 CE, a la luz del Convenio núm. 190 de la OIT y de la doctrina sobre el acoso moral en el trabajo.</p>
<p class="p1">La sentencia delimita con claridad la diferencia entre un conflicto laboral o una actuación empresarial irregular y el auténtico acoso laboral constitucionalmente relevante.</p>
<p class="p1">Se analiza el alcance del Convenio 190 y concluye que, aunque este admita que la violencia o el acoso puedan manifestarse en un solo acto, ello no elimina la exigencia general de reiteración, salvo que concurra una intensidad cualitativa excepcional suficiente para lesionar por sí misma el derecho fundamental.</p>
<p class="p1">En el caso concreto, la actora, oficial primera de jardinería y representante sindical, fundamenta su demanda en una comunicación interna de WhatsApp de 20 de noviembre de 2023, en la que se ordenaba evitar que realizara tareas generadoras de pluses retributivos y destinarla a un puesto “<b><i>lejos de todo el mundo</i></b>”, entendiendo que ello perseguía su aislamiento y perjuicio económico.</p>
<p class="p1">El TSJ concluye que se trata de una <b>actuación puntual</b>, sin continuidad ni intensidad suficiente, apreciando únicamente un <b>conflicto laboral aislado</b>, insuficiente para declarar la vulneración de un derecho fundamental.</p>
<h3><strong>Resolución</strong></h3>
<p class="p1"><b>I.- Concepto de acoso laboral Vs. Conflicto Laboral</b></p>
<p class="p1">Partiendo de la doctrina constitucional, el <b>acoso laboral</b> exige, como regla general, una <b>conducta reiterada o sistemática</b>, dirigida a menoscabar la dignidad personal y profesional del trabajador. No toda actuación empresarial perjudicial, injustificada o arbitraria alcanza, por sí sola, la condición de acoso moral con relevancia constitucional. (STC 56/2019)</p>
<p class="p1">Mientras que el <b>conflicto laboral</b>, se entiende como un <b>desacuerdo o actuación puntual</b> en el marco de la relación de trabajo.</p>
<p class="p1"><b>II.- Alcance del Convenio núm. 190 de la OIT</b></p>
<p class="p1">El <b>Convenio 190 de la OIT</b>, ratificado por España, en su art. 1 define la violencia y el acoso como comportamientos que pueden manifestarse “<b><i>una sola vez o de manera repetida</i></b>”. Pero dicha previsión debe interpretarse de forma <b>contextual y sistemática</b>, ya que el Convenio no se limita al acoso psicológico clásico, sino que incluye otras formas de violencia laboral, tales como la violencia física o el acoso sexual, en las que una única conducta puede desplegar una intensidad lesiva suficiente.</p>
<p class="p1">En el ámbito específico del <b>acoso moral u organizativo</b>, se mantiene que la <b>unicidad del acto</b> solo permite apreciar acoso cuando concurre un <b>plus de intensidad cualitativa excepcional</b>, capaz de provocar por sí mismo una lesión relevante del derecho fundamental a la integridad moral.</p>
<p class="p1"><b>III.- Aplicación al caso concreto</b></p>
<p class="p1">La actuación empresarial tiene un contenido <b>objetivamente negativo</b>, desde el punto de vista económico y profesional, sin que puede justificarse en base al poder organizativo.</p>
<p class="p1">Pero se trata de una <b>actuación aislada</b>, no reiterada ni prolongada en el tiempo, que no se inserta en una situación continuada de hostigamiento, persecución o degradación personal. Tampoco se aprecia una intensidad extraordinaria que permita excepcionar la exigencia general de reiteración.</p>
<p class="p1">El TSJ concluye que los hechos se encuadran en el ámbito de un <b>conflicto laboral puntual</b>, insuficiente para integrar un supuesto de acoso laboral con relevancia constitucional.</p>
<h3 class="p1"><b>Valoración Crítica</b></h3>
<p class="p1">El TSJ sostiene una interpretación restrictiva y garantista del acoso laboral con relevancia constitucional y acierta al preservar la distinción entre acoso y conflicto laboral, evitando que el procedimiento de tutela de derechos fundamentales se convierta en un cauce para canalizar controversias propias de la legalidad ordinaria o discrepancias derivadas del ejercicio del poder organizativo empresarial.</p>
<p class="p1">Resulta especialmente relevante la lectura sistemática del Convenio núm. 190 de la OIT, al rechazar una aplicación automática de la referencia a la conducta única y exigir, en el ámbito del acoso moral, un umbral cualificado de intensidad para excepcionar la regla general de reiteración, lo que refuerza la seguridad jurídica y previene una expansión indebida del concepto de acoso.</p>
<p class="p1">De este modo, se confirma que la tutela reforzada de derechos fundamentales mantiene su carácter excepcional, reservada a supuestos de auténtica gravedad constitucional.</p>
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		<title>¿Es válida la comunicación de un despido a través del correo electrónico personal cuando el trabajador no ha prestado su consentimiento?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/despido-por-correo-electronico-sin-consentimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 07:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Despidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=6355</guid>

					<description><![CDATA[<p>STSJ del País Vasco de 25 de noviembre de 2025, Rec. 1520/2025, ECLI:ES:TSJPV:2025:4019 Supuesto de Hecho Vigilante de seguridad que es subrogado por la empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.U. en junio de 2022, suscribiendo documento de subrogación que incorporaba cláusula relativa a la autorización para comunicaciones electrónicas, sin que el trabajador prestara consentimiento...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>STSJ del País Vasco de 25 de noviembre de 2025, Rec. 1520/2025, ECLI:ES:TSJPV:2025:4019</h6>
<h3><strong>Supuesto de Hecho</strong></h3>
<p class="p1">Vigilante de seguridad que es subrogado por la empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.U. en junio de 2022, suscribiendo documento de subrogación que incorporaba cláusula relativa a la autorización para comunicaciones electrónicas, <span style="text-decoration: underline;"><span class="s1"><b>sin que el trabajador prestara consentimiento expreso ni facilitara dirección de correo electrónico</b></span></span>.</p>
<p class="p1">El 21 de junio de 2024 la empresa remitió al E-Mail personal del trabajador un <b>correo electrónico </b>comunicando el despido por causas objetivas, con efectos del mismo día, procediendo simultáneamente al abono de la indemnización legal.</p>
<p class="p1">El trabajador <span style="text-decoration: underline;"><span class="s1"><b>accedió al contenido del correo 2 días hábiles después</b></span></span>, tras recibir aviso de baja en la Seguridad Social y constatar el ingreso bancario efectuado por la empresa.</p>
<p class="p1">La cuestión central de esta sentencia reside en determinar si el correo electrónico utilizado por la empresa constituye un medio válido de notificación del despido.</p>
<h3><strong>Resolución</strong></h3>
<p class="p1"><b>I.- Naturaleza recepticia del despido y carga de la prueba</b></p>
<p class="p1">El despido es un <b>acto jurídico recepticio</b>, que se perfecciona cuando la voluntad extintiva del empresario llega a conocimiento del trabajador. (STS de 17 de mayo de 2000 y STS de 19 de noviembre de 2014), que atribuyen al empresario la carga de probar la correcta notificación escrita del despido, siendo su incumplimiento causa de improcedencia con independencia de la existencia o no de indefensión.</p>
<p class="p1"><b>II.- Exigencias formales del despido objetivo</b></p>
<p class="p1">El art.ET exige que el despido objetivo sea comunicado por escrito, expresando la causa y la fecha de efectos. La finalidad de la comunicación escrita es múltiple:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) Permitir la impugnación del despido,<br />
b) Delimitar el objeto del proceso,<br />
c) Fijar el dies a quo para el ejercicio de acciones y,<br />
d) Acreditar la situación legal de desempleo.</p>
<p class="p1"><b>III.- Validez del correo electrónico como medio de notificación</b></p>
<p class="p1">Si bien el E-Mail, no es el medio habitual ni el más garantista, y la empresa <b>no agotó todos los medios posibles</b> (entrega personal, burofax, correo certificado o correo electrónico certificado), el TSJ considera determinante que el trabajador <b>accediera efectivamente al contenido del despido</b>, aunque fuera <b>2 días hábiles después</b>, y que tuviera pleno conocimiento de su contenido, causas y fecha. Y ello, de acuerdo a la STS de 11 de marzo de 2014, la única consecuencia jurídica de esta notificación tardía, no es la improcedencia del despido, sino la fijación de la fecha de efectos en el momento de su recepción efectiva por el trabajador.</p>
<p><b>IV.-</b> <b>Buena fe empresarial</b></p>
<p class="p1">Se descarta la mala fe empresarial, al entender que la empresa no actuó a espaldas del trabajador ni con voluntad consciente de eludir las formalidades legales, sino que utilizó un medio que, aunque discutible, permitió el conocimiento efectivo del despido.</p>
<h3 class="p3"><b>Voto Particular</b></h3>
<p class="p1">La utilización del correo electrónico personal del trabajador sin su consentimiento expreso vulnera el <b>art. 18 CE </b>y el <b>art. 6 Ley Orgánica de Protección de Datos</b>, y cita la STS de 21 de septiembre de 2015 (Rcud. 259/2014), que exige consentimiento expreso, libre e inequívoco para el uso de datos personales como el E-Mail privado.</p>
<p class="p1">Rechaza que la previa contestación de un correo electrónico pueda considerarse un acto propio inequívoco o una cesión tácita de datos personales, especialmente cuando está en juego un derecho fundamental.</p>
<p class="p1">La notificación del despido por esta vía carece de habilitación legal y debe determinar la improcedencia del despido.</p>
<h3 class="p1"><b>Valoración Crítica</b></h3>
<p class="p2">La sentencia analizada refleja una tensión doctrinal no resuelta entre la efectividad material del conocimiento del despido y el respeto estricto a las garantías formales y constitucionales en materia de protección de datos.</p>
<p class="p2">La posición mayoritaria prioriza un enfoque finalista, centrado en la ausencia de indefensión real, mientras que el voto particular adopta una concepción garantista acorde con la doctrina constitucional y del TS sobre consentimiento y derechos fundamentales.</p>
<p class="p2">La STS de 21 de septiembre de 2015, exige estándares reforzados si se utilizan medios que afectan a la esfera privada del trabajador.</p>
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		<item>
		<title>¿Se debe negociar el plan de desconexión digital con la RLT? ¿Es suficiente con una audiencia a la RLT para que el plan de desconexión digital sea válido?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/se-debe-negociar-el-plan-de-desconexion-digital-con-la-rlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teletrabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=6349</guid>

					<description><![CDATA[<p>STS de 11 de noviembre de 2025, (Rec. 204/2025, ECLI:ES:TS:2025:5123) 1.- Introducción Conflicto relativo a la implantación por parte de la empresa de un sistema de teletrabajo denominado “Smart Job”, y la cuestión de si la política de desconexión digital contenida en dicho sistema requería necesariamente ser objeto de negociación con la Representación Legal de...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>STS de 11 de noviembre de 2025, (Rec. 204/2025, ECLI:ES:TS:2025:5123)</h6>
<h3><strong>1.- Introducción</strong></h3>
<p class="p1">Conflicto relativo a la implantación por parte de la empresa de un sistema de teletrabajo denominado “<i>Smart Job</i>”, y la cuestión de si la política de desconexión digital contenida en dicho sistema requería necesariamente ser objeto de negociación con la Representación Legal de los Trabajadores (RLT).</p>
<h3><strong>2.- Supuesto de Hecho</strong></h3>
<p class="p1">Se implementa, de forma unilateral un procedimiento denominado “<i>Smart Job</i>” para la prestación voluntaria de servicios en régimen de teletrabajo.</p>
<p class="p1">El sindicato lo impugna alegando vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, por cuanto hay una ausencia de negociación formal con la RLT sobre las condiciones del teletrabajo y, específicamente, sobre la política de desconexión digital, ya que la empresa lo elabora e implementa tras una audiencia a la RLT, pero sin proceso de negociación.</p>
<h3><strong>3.- Resolución </strong></h3>
<p class="p1"><b>3.1.- Sobre la voluntariedad del teletrabajo y la exigencia de acuerdo individual</b><b></b></p>
<p class="p1">El sindicato alega que la implantación del procedimiento “<i>Smart Job</i>” y los acuerdos individuales de teletrabajo suscritos por la empresa vulneraban su derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, al haberse impuesto sin previa negociación con la representación legal de los trabajadores (RLT).</p>
<p class="p1">El TS lo desestima en base al art. 5.1 Ley 10/2021, de trabajo a distancia, que establece el carácter voluntario del trabajo a distancia tanto para el empleador como para el trabajador junto a la necesidad de un acuerdo individual escrito, que puede incorporarse al contrato inicial o firmarse posteriormente, sin que pueda ser impuesto unilateralmente ni ser sustituido por un pacto colectivo.</p>
<p class="p1">Existe una clara diferencia entre:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) La exigencia de que <b>exista un acuerdo individual de teletrabajo</b>, que emana del principio de voluntariedad.<br />
b) La obligación de que el <b>contenido de dicho acuerdo individual respete los límites legales y convencionales</b> (Art. 3 ET)</p>
<p class="p2">La negociación colectiva puede regular aspectos del trabajo a distancia, pero no desplaza ni elimina la necesidad del acuerdo individual. No se vulnera el derecho a la libertad sindical ni a la negociación colectiva si el acuerdo individual se ofrece de forma generalizada, siempre que:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) Se respete el principio de voluntariedad.<br />
b) No se acredite una negativa empresarial a negociar aspectos sujetos a regulación colectiva.<br />
c) No se haya iniciado un proceso formal de negociación por parte del sindicato afectado.</p>
<p class="p1"><b>3.2.- Sobre la política de desconexión digital y su necesidad de negociación</b><b></b></p>
<p class="p1">Se plantea si la política de desconexión digital, debía haber sido objeto de negociación formal con la representación legal de los trabajadores, y si su implantación unilateral vulneraba lo dispuesto en el <b>art. 88.2) de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales</b></p>
<p class="p1">El TS nos dice que la LOPD exige que:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) El empleador respete el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral.<br />
b) Las modalidades de ejercicio del derecho deben establecerse preferentemente en la negociación colectiva o, en su defecto, mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores.<br />
c) El empleador debe elaborar una política interna previa audiencia de la representación legal de los trabajadores.</p>
<p class="p1">La empresa cumplió con esta última exigencia, al haber remitido a la RLT el contenido del protocolo de desconexión digital y haber solicitado sus observaciones. Por tanto:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1"><b>No existe obligación legal de negociar formalmente dicha política</b>, bastando la audiencia a la representación legal (art. 88.3 LOPDGDD.)</li>
<li class="li1">El convenio colectivo aplicable <b>remite expresamente al contenido de las políticas internas de cada empresa</b> en esta materia.</li>
</ul>
<p class="p1">N<b>o se ha producido infracción legal ni vulneración del derecho a la libertad sindical.</b></p>
<h3><strong>4.- Conclusión</strong></h3>
<p class="p1">.- El trabajo a distancia se basa legalmente en el principio de voluntariedad (art. 5.1 Ley 10/2021), lo que exige acuerdo individual entre empresa y trabajador, sin necesidad de negociación colectiva previa.</p>
<p class="p1">.- La política de desconexión digital puede ser definida unilateralmente por la empresa, siempre que se escuche previamente a la representación legal de los trabajadores, conforme al art. 88.3 de la LOPDGDD, cosa que la empresa cumple.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo procede el interés por mora del 10% ante el retraso en el pago de salarios?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/cuando-procede-el-interes-por-mora-del-10-ante-el-retraso-en-el-pago-de-salarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=6342</guid>

					<description><![CDATA[<p>STS 414/2025 de 8 de mayo de 2025, (Rec. 4499/2023 ECLI:ES:TS:2025:2065) Introducción Se unifica doctrina en torno a la interpretación del artículo 29.3 ET respecto al pago del interés por mora en caso de retraso en el abono del salario. Se confirma la doctrina jurisprudencial que establece que el interés moratorio se aplica de forma...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>STS 414/2025 de 8 de mayo de 2025, (Rec. 4499/2023 ECLI:ES:TS:2025:2065)</h6>
<h3><strong>Introducción</strong></h3>
<p class="p1">Se unifica doctrina en torno a la interpretación del artículo 29.3 ET respecto al pago del interés por mora en caso de retraso en el abono del salario.</p>
<p class="p1">Se confirma la doctrina jurisprudencial que establece que el interés moratorio <b>se aplica de forma objetiva y automática</b>, sin necesidad de que exista controversia previa sobre la procedencia del pago o culpa empresarial.</p>
<p class="p1">Se rechaza la tesis que vinculaba la aplicación del interés a la existencia de una conducta empresarial culpable o dolosa.</p>
<h3><strong>Supuesto de Hecho</strong></h3>
<p class="p1">33 médicos del Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, reclamaron los intereses moratorios del 10% conforme al art. 29.3) ET en relación a cantidades derivadas del cálculo defectuoso de la retribución de sus vacaciones entre mayo de 2015 y octubre de 2019.</p>
<h3><strong>Resolución </strong></h3>
<p class="p1">El art. 29.3 ET) establece que</p>
<p class="p1" style="padding-left: 40px;"><i>“el interés por mora en el pago del salario será del 10% de lo adeudado”.</i></p>
<p class="p1">El TS consolida la línea jurisprudencial iniciada por la <b>STS de 17 de junio de 2014 (Rcud 1315/2013), </b>en la que se abandona la doctrina tradicional que exigía, conforme a los arts. 1100, 1101 y 1108 del CC, que el salario impagado fuese líquido, vencido y exigible sin controversia, para que pudiera imponerse el recargo por mora.</p>
<p class="p1">Así las cosas, esa sentencia ya establece que el art. 29.3) ET opera de forma <b>objetiva y automática</b>, prescindiendo de la razonabilidad de la oposición empresarial o de la existencia de discusión jurídica sobre la procedencia del pago.</p>
<p class="p1"><i>(Doctrina reiterada por la </i><b><i>STS de 24 de febrero de 2015 (Rcud 547/2014)</i></b><i>, y reafirmada expresamente por la </i><b><i>STS 16/2019, de 10 de enero (Rcud 925/2017)</i></b><i>, que resolvió un supuesto similar, aplicando el interés del 10% sin entrar a valorar la complejidad de la deuda o la conducta del empleador.)</i></p>
<p class="p1">Se destaca el carácter imperativo y no condicional del art. 29.3) ET, desechando cualquier interpretación basada en la buena fe empresarial o en la existencia de cambio jurisprudencial.</p>
<p class="p1">Los únicos supuestos en que se ha excluido la aplicación automática del interés del art. 29.3) ET han sido aquellos <b>“excepcionalmente complejos”</b>, como los que se derivan de la aplicación temporal de sentencias del TC o de normas de control del gasto público. (<b>STS 246/2023, de 29 de marzo (Rcud 3266/2021)</b>, seguida por las <b>STS 599/2023, de 27 de septiembre (Rcud 503/2021)</b>, <b>STS 921/2023, de 7 de noviembre (Rcud 4063/2020)</b>, y <b>STS 6/2024, de 8 de enero (Rcud 2888/2021))</b></p>
<h3><strong>Conclusión</strong></h3>
<p style="padding-left: 40px;">a) El art. 29.3) ET establece un interés moratorio del 10% que se aplica de manera objetiva y automática.</p>
<p style="padding-left: 40px;">b) No es necesario que la deuda salarial esté previamente reconocida ni que exista mala fe empresarial.</p>
<p style="padding-left: 40px;">c) La existencia de conflictos colectivos previos no excluye la aplicación del interés.</p>
<p style="padding-left: 40px;">d) La sentencia refuerza la protección del derecho al salario como derecho básico y sustento del trabajador.</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://gestoriabarcons.es/cuando-procede-el-interes-por-mora-del-10-ante-el-retraso-en-el-pago-de-salarios/">¿Cuándo procede el interés por mora del 10% ante el retraso en el pago de salarios?</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://gestoriabarcons.es">Gestoria Barcons</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas Obligaciones de información a las personas trabajadoras derivadas del RD 723/2026, de 9 de septiembre</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/nuevas-obligaciones-de-informacion-a-las-personas-trabajadoras-derivadas-del-rd-723-2026-de-9-de-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gestoriabarcons.es/?p=6327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimado/a cliente: Hoy 5 de octubre de 2026 entra en vigor el RD 723/2026, de 9 de septiembre, que introduce una serie novedades en la información que las empresas deben facilitar a sus trabajadores sobre las condiciones de su relación laboral. La nueva norma sustituye la regulación anterior y amplía la información que debe recibir...</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://gestoriabarcons.es/nuevas-obligaciones-de-informacion-a-las-personas-trabajadoras-derivadas-del-rd-723-2026-de-9-de-septiembre/">Nuevas Obligaciones de información a las personas trabajadoras derivadas del RD 723/2026, de 9 de septiembre</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://gestoriabarcons.es">Gestoria Barcons</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><p class="p2">Estimado/a cliente:</p>
<p class="p2">Hoy <strong>5 de octubre de 2026</strong> entra en vigor el<strong> RD 723/2026, de 9 de septiembre</strong>, que introduce una serie novedades en la información que las empresas deben facilitar a sus trabajadores sobre las condiciones de su relación laboral.</p>
<p class="p2">La nueva norma sustituye la regulación anterior y <strong>amplía la información que debe recibir el trabajador</strong>, tanto al ser contratado como cuando posteriormente se modifiquen determinadas condiciones laborales.</p>
<p class="p2"><b>¿A QUIÉN AFECTA? </b><b></b></p>
<p class="p2">Con carácter general, las nuevas obligaciones se aplican a las relaciones laborales reguladas por el ET cuya duración sea <strong>superior a cuatro semanas.</strong></p>
<p class="p2">La norma establece particularidades para determinadas relaciones laborales y una regulación específica para pescadores y gente de mar.</p>
<p class="p2"><b>¿QUÉ CAMBIA A PARTIR DEL 5 DE OCTUBRE? </b><b></b></p>
<p class="p2">La empresa deberá facilitar al trabajador <strong>por escrito o a través de medios electrónicos que permitan dejar constancia</strong> información sobre los <strong>elementos esenciales de su contrato de trabajo</strong> y las <strong>principales condiciones aplicables a la prestación de servicios.</strong></p>
<p class="p2">Esta información podrá incorporarse directamente al contrato de trabajo o facilitarse mediante el <strong>anexo publicado por el SEPE.</strong></p>
<p class="p2"><b>PRINCIPALES NOVEDADES </b><b></b></p>
<p class="p2">Además de los datos habituales del contrato, deberá prestarse especial atención a las siguientes materias:</p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>a) Puesto de trabajo y contratación temporal<br />
</b><b></b>Deberá describirse el puesto de forma suficientemente precisa para que el trabajador conozca el contenido específico de su trabajo.<br />
En los contratos temporales deberá identificarse de manera precisa la causa de temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista del contrato.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>b) Salario y retribución variable<br />
</b><b></b>Deberán indicarse, aunque sea por remisión al convenio, el s<strong>alario base y los distintos complementos salariales</strong>, de forma serparada.<br />
Cuando existan <strong>bonus, incentivos, comisiones u otros conceptos variables,</strong> deberá informarse también de su sistema de cálculo y de los criterios que determinan su percepción.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>c) Jornada, horarios y vacaciones<br />
</b><b></b>La información, que también podrá ser objeto de remisión al convenio, deberá comprender, entre otros aspectos:</p>
<ul>
<li>duración y distribución de la jornada diaria, semanal y anual;</li>
<li>trabajo nocturno y trabajo a turnos;</li>
<li>procedimientos para modificar la jornada o los turnos;</li>
<li>horas extraordinarias y su retribución;</li>
<li>duración de las vacaciones y procedimiento para fijar su disfrute;</li>
<li>distribución irregular de la jornada y los preavisos aplicables.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;">En los contratos f<strong>ijo-discontinuos</strong> deberán indicarse, una previsión respecto de los períodos de actividad e inactividad.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>d) Período de prueba y formación<br />
</b><b></b>No se ha modificado la regulación del art. 14 ET, y por consiguientes no se ha “causalizado” si bien el RD recuerda que deberá indicarse su <strong>duración concreta</strong> y añade que deberá facilitarse información sobre las obligaciones de empresa y trabajador relacionadas con su objeto.<br />
El período de prueba conserva su naturaleza, y sigue siendo un desistimiento libre del empresario y trabajador, excepto que concurra alguna causa de discriminación o vulneración de los DDFF.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>e) Derecho a la formación proporcionada por la empresa.<br />
</b><b></b>Deberá informarse</p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>f) Algoritmos y sistemas automatizados<br />
</b><b></b>Una de las novedades más relevantes afecta a las empresas que utilicen <strong>sistemas algorítmicos o automatizados para adoptar decisiones laborales.</strong><br />
Cuando estos sistemas intervengan en decisiones relacionadas, por ejemplo, con la jornada, asignación de tareas, salario, promoción profesional, lugar de trabajo o extinción del contrato, deberá informarse al trabajador sobre<strong> su existencia y sobre las pautas, criterios y reglas de funcionamiento.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>g) Igualdad, conciliación, acoso y medidas LGTBI<br />
</b><b></b>La empresa deberá informar, cuando corresponda, sobre:</p>
<ul>
<li>la existencia e identificación del <strong>Plan de Igualdad</strong>;</li>
<li>las políticas empresariales de conciliación que mejoren o desarrollen las legalmente establecidas;</li>
<li>el <strong>protocolo de acoso sexual y por razón de sexo</strong>;</li>
<li>las medidas y recursos establecidos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas <strong>LGTBI</strong>, cuando se disponga de ellos.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><b>h) Extinción del contrato<br />
</b><b></b>Deberá informarse sobre el procedimiento aplicable a la finalización de la relación laboral, incluidos sus r<strong>equisitos formales y plazos de preaviso</strong> o, cuando no sea posible determinarlos inicialmente, la forma de calcular dichos plazos, si bien, podrá realizarse por remisión.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>i) Convenio colectivo<br />
</b><b></b>Deberá identificarse de manera concreta el convenio colectivo aplicable, indicando, entre otros datos, su<strong> código, fecha de publicación, período de vigencia y, en su caso, situación de ultraactividad.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>j) Seguridad social y mejoras sociales<br />
</b><b></b>También deberá informarse sobre la entidad gestora o colaboradora con la Seguridad Social correspondiente y, cuando existan, sobre las <strong>mejoras voluntarias, planes y fondos de pensiones promovidos en favor de los trabajadores y las aportaciones realizadas.</strong></p>
<p class="p1"><b>¿CUÁNDO DEBE ENTREGARSE ESTA INFORMACIÓN? </b><b></b></p>
<p style="padding-left: 40px;"><b>a) Nuevas contrataciones<br />
</b><b></b>La información deberá facilitarse al trabajador <strong>antes del inicio de la relación laboral</strong> y a partir del 5 de octubre y cuando se modifique alguna de las condiciones sobre las que existe obligación de información, la empresa deberá comunicarlo por escrito<strong> lo antes posible y, como máximo, el día en que el cambio produzca efectos.</strong></p>
<p class="p1"><b>¿QUÉ OCURRE CON LOS TRABAJADORES QUE YA ESTÁN CONTRATADOS? </b><b></b></p>
<p class="p1">No es necesario rehacer los contratos de trabajo existentes sino que deberá estarse a la solicitud de la persona trabajadora a la que la empresa deberá contestar en los <strong>30 días hábiles desde su recepción</strong> para facilitar la información correspondiente.</p>
<p class="p1"><b>POSIBLES SANCIONES </b><b></b></p>
<p class="p1">El incumplimiento de lo dispuesto en este RD determina la aplicación de una Sanción Leve derivada del <strong>Art. 6.4 LISOS</strong>, cuyo importe asciende entre 70€ a 751€.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://gestoriabarcons.es/wp-content/uploads/2026/10/ASUZ_95_179126_MODELO-SEPE.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>ASUZ_95_179126_MODELO SEPE.PDF</strong></a></span></p>
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		<title>¿Es lícito utilizar como prueba en un despido disciplinario imágenes de videovigilancia si el trabajador no fue informado de su uso con fines de control laboral?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/imagenes-de-videovigilancia-uso-con-fines-de-control-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Despidos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>STSJ de Canarias de 19 de febrero de 2025 (Rec. 605/2024) – ECLI:ES:TSJICAN:2025:708 I.- Supuesto de hecho D. Cayetano, trabajador de GOLDCAR SPAIN S.L.U. en el Aeropuerto de Tenerife Sur, fue despedido disciplinariamente tras mantener relaciones sexuales con una compañera durante su jornada laboral en una caseta en desuso de la empresa. Ambos apagaron las...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>STSJ de Canarias de 19 de febrero de 2025 (Rec. 605/2024) – ECLI:ES:TSJICAN:2025:708</h6>
<h3><strong>I.- Supuesto de hecho</strong></h3>
<p class="p1">D. Cayetano, trabajador de GOLDCAR SPAIN S.L.U. en el Aeropuerto de Tenerife Sur, fue despedido disciplinariamente tras mantener relaciones sexuales con una compañera durante su jornada laboral en una caseta en desuso de la empresa.</p>
<p class="p1">Ambos apagaron las luces de la oficina, accedieron al habitáculo, lo cerraron con llave y manipularon una cámara de videovigilancia para evitar la grabación.</p>
<p class="p1">La empresa basó el despido exclusivamente en las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, sin haber proporcionado al trabajador una información previa, individualizada y expresa sobre la finalidad laboral y sancionadora de dichas grabaciones, existiendo únicamente carteles informativos genéricos.</p>
<h3><strong>II.- Resolución</strong></h3>
<p class="p1">El art. 18.4) CE garantiza el derecho a la protección de datos personales, exigiendo que el tratamiento de imágenes en el entorno laboral esté precedido de una información clara y expresa al trabajador. El art. 89 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales, establece este deber de información en supuestos de control laboral, permitiendo como excepción el uso de imágenes sin información previa solo ante actos ilícitos flagrantes, siempre que exista cartel visible conforme al art. 22.4) de la misma norma.</p>
<p class="p1">El TSJ de Canarias concluye que esta excepción no resulta aplicable, ya que el comportamiento captado: <b>relaciones sexuales en horario laboral</b>, no se vincula a la finalidad de seguridad patrimonial o física para la que estaban instaladas las cámaras.</p>
<p class="p1">La Sala declara ilícita la prueba por las siguientes razones:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) La conducta captada (mantener relaciones sexuales) no guarda relación con la finalidad de seguridad que justifica la instalación de las cámaras.</p>
<p style="padding-left: 40px;">b) No existía información individualizada al trabajador sobre el uso disciplinario o de control laboral de las imágenes, vulnerándose el artículo 89 de la LO 3/2018.</p>
<p style="padding-left: 40px;">c) Aunque el trabajador conocía la existencia de la cámara, su manipulación no acredita que supiera que las imágenes podían utilizarse para fines sancionadores.</p>
<p style="padding-left: 40px;">d) La excepción por flagrancia no es aplicable al tratarse de una infracción laboral ajena a la finalidad del sistema de seguridad.</p>
<p style="padding-left: 40px;">e) Siendo la prueba videográfica el único medio aportado, su ilicitud conlleva la improcedencia del despido.</p>
<h3><strong>III.- Jurisprudencia citada</strong></h3>
<p class="p1">La Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, destacando las siguientes resoluciones:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li2"><b>STC 29/2013, de 11 de febrero:<br />
</b>Las imágenes grabadas por cámaras instaladas con fines de seguridad <b>no pueden ser utilizadas válidamente con fines disciplinarios</b> si no se ha informado previamente al trabajador de tal finalidad.<br />
Es necesaria una <b>información expresa, clara e inequívoca</b> que concrete los <b>casos en que las imágenes podrán ser examinadas y utilizadas</b> disciplinariamente, la duración de la conservación y los fines perseguidos.</li>
</ul>
<ul class="ul1">
<li class="li2"><b>STS de 13 de mayo de 2014, (Rec. 1685/2013).<br />
</b>Se declaró <b>improcedente</b> e <b>ilícita</b> la prueba obtenida mediante cámaras de seguridad instaladas para evitar hurtos de clientes, que fueron utilizadas sin información previa para acreditar una actuación fraudulenta de la trabajadora. Se denegó su validez al no haberse advertido del uso laboral de las grabaciones.</li>
</ul>
<ul class="ul1">
<li class="li2"><b>STC 39/2016, de 3 de marzo</b>.<br />
Matiza la anterior doctrina, reconociendo la validez de las grabaciones obtenidas mediante cámaras visibles con carteles informativos generales cuando existían <b>sospechas fundadas de apropiación indebida por parte de los trabajadores</b>, y se entendía que la finalidad general de seguridad era <b>conocida por los empleados</b>.</li>
</ul>
<ul class="ul1">
<li class="li2"><b>STS, de 7 de julio de 2016, (Rec. 3233/2014), STS de 31 de enero de 2017, (Rec. 3331/2015), STS de 1 de febrero de 2017, (Rec. 3262/2015), STS de 2 de febrero de 2017, (Rec. 554/2016).<br />
</b>Consolidan una línea jurisprudencial más flexible, aceptando que el <b>conocimiento notorio</b> de la existencia de cámaras puede bastar para legitimar su uso en determinados supuestos, especialmente cuando se refieren a la <b>protección de bienes y personas</b>, es decir, con finalidad estrictamente de <b>seguridad</b>.</li>
</ul>
<ul class="ul1">
<li class="li2"><b>STC 199/2022, de 29 de septiembre</b>:<br />
Reafirma que, en casos de flagrancia, <b>puede entenderse cumplido el deber de información con la mera existencia del cartel informativo</b>, pero únicamente cuando la finalidad del sistema sea la <b>seguridad</b> frente a terceros (robos, hurtos, daños, etc.).</li>
</ul>
<h3><strong>IV.- Valoración crítica</strong></h3>
<p class="p1">La sentencia reafirma un enfoque garantista en la protección de los derechos fundamentales del trabajador en el uso de sistemas de videovigilancia.</p>
<p class="p1">Exige el cumplimiento estricto del deber de información previa como requisito de licitud de la prueba y rechaza la extensión de la excepción por flagrancia a supuestos ajenos a la finalidad de seguridad.</p>
<p class="p1">El TSJ mantiene un equilibrio razonable entre el poder de dirección empresarial y los derechos fundamentales, subrayando los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad en el uso de medios de control.</p>
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		<title>¿Puede una empresa “anular” un despido y emitir otro nuevo sin readmitir realmente al trabajador? ¿Qué ocurre si el segundo despido no se impugna pero el primero sí?</title>
		<link>https://gestoriabarcons.es/retractacion-despido-segundo-despido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barcons]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Despidos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>STSJ de Aragón, de 26 de septiembre de 2025, (Rec. 635/2025, ECLI:ES:TSJAR:2025:1414) Supuesto de Hecho rabajador despedido el 14 de diciembre de 2023, por realizar actividades físicas incompatibles con su situación de incapacidad temporal (IT). El trabajador presentó papeleta de conciliación impugnando el despido. El 20 de diciembre de 2023, la empresa remite burofax comunicando...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><h6>STSJ de Aragón, de 26 de septiembre de 2025, (Rec. 635/2025, ECLI:ES:TSJAR:2025:1414)</h6>
<h3><strong>Supuesto de Hecho</strong></h3>
<p class="p1">rabajador despedido el 14 de diciembre de 2023, por realizar actividades físicas incompatibles con su situación de incapacidad temporal (IT).</p>
<p class="p1">El trabajador presentó papeleta de conciliación impugnando el despido.</p>
<p class="p1">El 20 de diciembre de 2023, la empresa remite burofax comunicando que dejaba sin efecto el despido anterior, pero iniciando paralelamente un expediente sancionador.</p>
<p class="p1">Ello supuso una <b>retractación empresarial</b> del despido inicial.</p>
<p class="p1">El 29 de diciembre de 2023, la empresa notificó nuevo despido disciplinario, basado en los mismos hechos y adjuntando el correspondiente finiquito calculado hasta dicha fecha.</p>
<p class="p1">Este segundo despido no se impugnó por el trabajador.</p>
<p class="p1">El trabajador no estuvo en alta en la Seguridad Social durante el periodo intermedio entre ambos despidos, lo que resulta determinante a efectos de valorar la validez de la retractación.</p>
<p class="p1">La controversia radica en determinar si dicha retractación fue válida y eficaz, o si el primer despido mantenía su eficacia como acto extintivo impugnable.</p>
<h3><strong>Resolución</strong></h3>
<p class="p1"><b>I.- La retractación empresarial del despido: naturaleza y requisitos</b></p>
<p class="p1">El art. 55.2) ET regula la posibilidad que el empresario subsane los defectos formales de un despido mediante la emisión de un nuevo despido dentro de los 20 días siguientes al anterior.</p>
<p class="p1">Para ello se exige el <b>cumplimiento simultáneo</b> de los siguientes <b>requisitos constitutivos</b>:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) Mantenimiento del alta del trabajador en la Seg. Social durante el periodo intermedio.<br />
b) Abono íntegro de los salarios dejados de percibir entre ambas fechas.<br />
c) Emisión del nuevo despido con cumplimiento formal completo.</p>
<p class="p1">La empresa el <b>20 de diciembre de 2023</b> remite, al trabajador, una carta dejando “<b><i>sin efecto</i></b>” el despido inicial de <b>14 de diciembre de 2023</b>.</p>
<p class="p1">Se declara <b>probado que al trabajador no se le mantuvo de alta en la Seguridad Social entre ambos despidos</b>, incumpliéndose uno de los requisitos esenciales para que la retractación fuera jurídicamente válida. Pero es que además, tampoco <b>existió aceptación por parte del trabajador</b> de dicha readmisión, y tampoco se restituyó el vínculo laboral.</p>
<p class="p1">El TSJ entiendo que <b>la retractación fue ineficaz</b>, y por consiguiente el primer despido mantuvo su eficacia extintiva.</p>
<p class="p1"><b>II.- La alegación de falta de acción: improcedencia</b></p>
<p class="p1">La excepción procesal de falta de acción es desestimada por el TSJ por 2 motivos fundamentales:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) El primer despido no fue válidamente retractado, por lo que subsistía como acto extintivo plenamente eficaz, frente al cual el trabajador estaba legitimado para accionar judicialmente.</p>
<p style="padding-left: 40px;">b) El trabajador había ya iniciado la vía judicial contra el primer despido en el momento en que la empresa remitió la comunicación de su revocación, sin que hubiera mediado una readmisión efectiva ni una restitución de su alta en la Seguridad Social.</p>
<p class="p1">De ahí que no concurra la alegada falta de acción.</p>
<p class="p1"><b>III.- Sobre la ausencia de impugnación del segundo despido: efectos jurídicos</b><b></b></p>
<p class="p1">Se notifica una segunda carta de despido el 29 de diciembre de 2023, que se fundamenta en los mismos hechos que el anterior, y que además no es impugnada por el trabajador.</p>
<p class="p1">Aquí se plantea si esa falta de impugnación convalida el segundo despido e impide la viabilidad del primero como objeto del proceso.</p>
<p class="p1">El TSJ descarta ese efecto jurídico por las siguientes razones:</p>
<p style="padding-left: 40px;">a) El segundo despido no puede adquirir eficacia si no ha existido una readmisión real y efectiva tras el primer despido.</p>
<p style="padding-left: 40px;">b) Solo si se hubiera producido una restitución plena del vínculo laboral, el segundo despido habría podido desplegar efectos extintivos sustitutivos del primero.</p>
<p style="padding-left: 40px;">c) Al no haberse cumplido tales presupuestos, el segundo despido resulta jurídicamente ineficaz, y el primero subsiste como único acto extintivo con eficacia jurídica.</p>
<p class="p1">El TSJ concluye que la acción del trabajador frente al primer despido fue la correcta y la falta de impugnación del segundo no altera la validez del primero como objeto del proceso.</p>
<h3><strong>Conclusión</strong></h3>
<p class="p1">Sin restablecimiento efectivo del vínculo laboral, no existe retractación válida y el primer despido conserva todos sus efectos jurídicos, lo que es imprescindible para que un segundo despido despliegue efectos jurídicos válidos y sustituya al primero.</p>
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